El Estado Mexicano ha aprobado modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, bajo una ilógica y débil promesa: “Inhibir en su totalidad los principales delitos que aquejan a nuestros País, mismos que se cometen a través de la utilización de equipos móviles como herramientas fundamentales para la realización de ilícitos, con la finalidad de la identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación”.
Por eso se justifica, según ellos, que todos los usuarios de una línea móvil entreguen datos biométricos, es decir, huella dactilar, rosto, retina, iris, ADN, voz, entre otros, a los operadores telefónicos al momento de contratar una línea.
Es decir, poner en charola de plata los datos privados y más personales de los ciudadanos y ciudadanas, en lugar de poner el foco en la transformación estructural de las Fiscalías y otras instancias y sus metodologías para realizar una labor eficaz. El mundo al revés.
Además, como alertó la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) vigente “ya permite a los ministerios públicos utilizar dichas técnicas de investigación sin autorización judicial previa, sujeto a ratificación posterior por parte de jueces de control en ciertos casos de emergencia, en los que se incluye el delito de extorsión”.
De poco sirvieron las advertencias de las voces que alertaron sobre varios hechos: que no se ha encontrado evidencia clara ni contundente de que, el registro impacte en la reducción de delitos como la extorsión; que con el registro se estaría formando una base de datos con la que se estaría identificando los principales insumos para la delincuencia organizada, que es el nombre y el teléfono, fácilmente vendible para otros fines: basta recordar el caso de venta de datos del INE y del anterior RENAUT que se pusieron a la venta por internet.
Estas y otras advertencias se hicieron en un Foro por parte de especialistas y personas que, incluso, señalan que la medida tendrá efectos contrarios: incentivará el robo de celulares ya registrados para cometer ilícitos, involucrando con ello al titular registrado de esa línea y no al verdadero autor de un posible delito.
Nuevamente se sigue la lógica de violar derechos humanos de las personas para que las Fiscalías y policías de investigación tengan manga ancha sobre los datos más sensibles de las personas, protegidos convencional y constitucionalmente. Y no sólo estas instancias, porque quienes quedarán a cargo de recabar dichos datos sensibles y personales serán las operadoras telefónicas, es decir, básicamente Telcel y después Ifetel.
Si esta lógica perversa no fuera suficiente, la base de datos será gestionada con el presupuesto público a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entidad facultada “para instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” que tendría que registrar a unas 122.0 millones de líneas del servicio móvil de telefonía que había hasta 2019.
