Dos investigaciones periodísticas, impulsadas por Forbidden Stories, un organismo que respalda y ayuda a hacer visibles trabajos periodísticos de gran impacto, están poniendo en verdadero valor el papel de los medios como detonantes de hechos que, por su contundencia, deberían estar en el primer nivel de discusión de la sociedad.
Una de estas es la investigación sobre el malware de espionaje “Pegasus” que permitió espiar miles de números telefónicos en al menos cinco países, entre ellos México, con la consecuente violación de los derechos de periodistas, integrantes de organizaciones civiles, funcionarios, figuras religiosas, académicos, presidentes y primeros ministros.
México, según la investigación, es de los países más afectados por este software que vende la empresa israelí NSO Group a los gobiernos. En México, acorde con The Guardian y Forbidden Stories se vieron afectados 15 mil números telefónicos y 25 periodistas aparecen en la lista. La página de Forbidden menciona especialmente el caso de un periodista mexicano, asesinado en 2017 y que forma parte de esta lista de espionaje.
A nivel mundial los números de 180 periodistas se identificaron en esta lista, quienes trabajan o trabajaban para medios de prestigio internacional como The Wall Street Journal, CNN, the New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, Agence France-Presse, the Economist, Reuters y Voice of America.
Amnistía Internacional, Citizen Lab y la Universidad de Toronto participaron en la investigación y verificaron la capacidad del virus. “Una vez que un teléfono se infecta con Pegasus, un cliente de NSO podría tomar el control de un teléfono, lo que le permite extraer los mensajes, llamadas, fotos y correos electrónicos de una persona, activar cámaras en secreto o micrófonos y leer el contenido de aplicaciones de mensajería encriptadas como WhatsApp, Telegram y Signal”, señala The Guardian, citando a Claudio Guarnieri, director del laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.
Según las leyes mexicanas, la intervención de las comunicaciones sin orden judicial es un delito. La propia Constitución contempla el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones.
La revista Proceso fue colaboradora en el Proyecto en México, al igual que Aristegui Noticias. Amnistía Internacional, también participante, ha pedido que se informe acerca del destino de toda la información que fue extraída.
Hasta ahora, el Gobierno mexicano admite que, en los gobiernos pasados, cuatro entidades firmaron contratos para adquirir el malware por más de 60 millones de dólares y que información sobre ello ha sido entregada a la FGR. Habrá que ver los resultados y la acción de esta instancia ante estos posibles delitos y sus autores.
