Muy relevante el reporte Hallazgos 2018 de México Evalúa, que es quizás de los pocos trabajos que intenta dar un seguimiento al desempeño del sistema de justicia penal, llenando un vacío de los gobiernos federal y estatal que, luego de la implantación del sistema, parecen haberse deslindado de la evaluación de su ejecución.
Sólo es posible entender esta poca atención de los Estados al resultado del sistema penal deshojando algunas posibilidades: 1) temen a las evaluaciones porque suelen ser tomadas como arma política o únicamente como un tache a su gobierno 2) plantea para las policías locales y para los investigadores (Ministerio Público) un trabajo de grandes proporciones que sólo puede ser superado con investigación profesional, con un cariz científico y de inteligencia para el que habría que destinar elementos humanos y tecnológicos acordes a las exigencias del sistema 3) No han tragado la medicina, es decir, no quieren ser sometidos a una exigencia que los saca de su status quo, que les plantea retos enormes que requieren presupuesto y preparación para lograr un proceso debido y justo que se sustente con el resultado de buenas investigaciones y 4) las corporaciones policiacas y los fiscales quieren seguir trabajando como antes, cuando no se evidenciaban ni las circunstancias de las detenciones ni el trabajo para poder vincular a una persona a un delito y poder así llegar a etapas posteriores en el proceso penal. Parecen añorar la facilidad que les otorgaba la prisión automática versus la necesidad de justificar, ahora, que esta sea requerida cuando no se trata de casos de prisión preventiva oficiosa.
La realidad, como muestra el reporte de México Evalúa, es que hay una serie de carencias que, de mantenerse, van a seguir bloqueando el avance del sistema y que, como ya hemos dicho, es un mecanismo que sólo puede funcionar si todos los engranajes se guían por el alto nivel de profesionalización que implica.
Igualmente se confirma que, mientras los Poderes Judiciales avanzaron, hay más trabajo pendiente en las Fiscalías y en las policías, en las primeras por el hecho de que, en contra de lo que se cree, son estas las que pueden decidir, acorde con sus facultados, archivar los casos y nunca llegar a judicializarlos, como ocurre con la abrumadora mayoría de los asuntos con detenidos, en una proporción de 6 de 10.
Por el otro lado está este pensamiento punitivo que, mediante el legislativo, aumenta penas como si hacerlo tuviera relación directa o unívoca con la seguridad.
El desprecio de algunos grupos políticos o contrarreformistas al control judicial es también un ejemplo de que la esperanza pareciera estar puesta en volver a las prácticas de las que venimos.
