/ viernes 19 de marzo de 2021

Gobierno moral

Uno de los argumentos que más esgrime el titular del Ejecutivo sobre opiniones, declaraciones y acciones de su gobierno es relativo a la moral, lo que no resulta extraño si consideramos que incluso se lanzó y distribuyó una edición oficial de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, escrita en 1952 y que cada vez se nos receta la a los ciudadanos en las mañaneras decálogos y manifiestos basados en la propia moral de un gobernante.

De manera que es lógico pensar que las decisiones del Poder Ejecutivo están fuertemente guiadas, si pensamos de buena fe, por normas que no están en leyes, sino reglas habituales que definen qué está bien o mal.

El tema es que, como parece, el propio titular es quien se autoimpone como el regulador de esta moralidad, sobre la que no hay apelación. O se es bueno a imagen y semejanza del regulador moral o se es malo.

No es la primera vez que una persona pretende gobernar de este modo, lo han hecho otros en diversas épocas, apelando a la moral, de formas perversas. Puesto que no hay límite para el regulador moral, las leyes quedan en un plano secundario o a expensas de este marco de referencia, lo que resulta peligrosísimo para el Estado y para sus ciudadanos.

La reconocida catedrática Adela Cortina expresa que en sociedades pluralistas no siempre existe una sola voz autorizada para declarar qué es lo moralmente correcto o incorrecto y que “colaborar con los demás saberes en forma republicana, junto con expertos, juristas, teólogos, ciudadanos y gobiernos, es una obligación moral”.

Aún más, apunta que “un Estado justo no puede fundarse en la voluntad particular arbitraria de un soberano o de un grupo social”. El problema aquí es que no haya contrapesos para el regulador de la moral mexicana.

Curiosamente apenas cuatro años antes de la publicación de Alfonso Reyes, la ONU ya había adoptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento de avanzada para reconocer los derechos que las personas tenemos por el solo hecho de ser humanos y que sigue siendo un eje rector para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las constituciones locales.

Puesta como ejemplo, esta Declaración no pretendió sustituir los sistemas nacionales, sino encontrar ejes comunes y que hoy se recogen en gran parte del marco legal y del sistema de justicia de las naciones, incluyendo México.

Por ejemplo, establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Por eso, si bien la moral debe ser una luz que ilumine el camino de individuos y de naciones, no es posible gobernar con una vara de moral propia. Incluso la mencionada Cartilla Moral de Reyes dice que la ley es “el armazón que sostiene a la comunidad” y que “La ley es una garantía de libertad”.

Uno de los argumentos que más esgrime el titular del Ejecutivo sobre opiniones, declaraciones y acciones de su gobierno es relativo a la moral, lo que no resulta extraño si consideramos que incluso se lanzó y distribuyó una edición oficial de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, escrita en 1952 y que cada vez se nos receta la a los ciudadanos en las mañaneras decálogos y manifiestos basados en la propia moral de un gobernante.

De manera que es lógico pensar que las decisiones del Poder Ejecutivo están fuertemente guiadas, si pensamos de buena fe, por normas que no están en leyes, sino reglas habituales que definen qué está bien o mal.

El tema es que, como parece, el propio titular es quien se autoimpone como el regulador de esta moralidad, sobre la que no hay apelación. O se es bueno a imagen y semejanza del regulador moral o se es malo.

No es la primera vez que una persona pretende gobernar de este modo, lo han hecho otros en diversas épocas, apelando a la moral, de formas perversas. Puesto que no hay límite para el regulador moral, las leyes quedan en un plano secundario o a expensas de este marco de referencia, lo que resulta peligrosísimo para el Estado y para sus ciudadanos.

La reconocida catedrática Adela Cortina expresa que en sociedades pluralistas no siempre existe una sola voz autorizada para declarar qué es lo moralmente correcto o incorrecto y que “colaborar con los demás saberes en forma republicana, junto con expertos, juristas, teólogos, ciudadanos y gobiernos, es una obligación moral”.

Aún más, apunta que “un Estado justo no puede fundarse en la voluntad particular arbitraria de un soberano o de un grupo social”. El problema aquí es que no haya contrapesos para el regulador de la moral mexicana.

Curiosamente apenas cuatro años antes de la publicación de Alfonso Reyes, la ONU ya había adoptado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento de avanzada para reconocer los derechos que las personas tenemos por el solo hecho de ser humanos y que sigue siendo un eje rector para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las constituciones locales.

Puesta como ejemplo, esta Declaración no pretendió sustituir los sistemas nacionales, sino encontrar ejes comunes y que hoy se recogen en gran parte del marco legal y del sistema de justicia de las naciones, incluyendo México.

Por ejemplo, establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Por eso, si bien la moral debe ser una luz que ilumine el camino de individuos y de naciones, no es posible gobernar con una vara de moral propia. Incluso la mencionada Cartilla Moral de Reyes dice que la ley es “el armazón que sostiene a la comunidad” y que “La ley es una garantía de libertad”.