Sin duda alguna doña Beatriz Paredes Rangel puso el dedo en la llaga al manifestar su firme postura respecto a la fallida “política de salud del estado mexicano; ineficaz y sin rumbo, que por desconocimiento u oportunismo adulador ha incurrido en muchísimos errores”. Como seres humanos, a algunos nos duele ver el sufrimiento del prójimo causado por la falta de medicamentos, de servicios médicos, de una estrategia nacional que verdaderamente proteja y proponga medidas para atenuar los graves problemas que origina por el COVID-19. Lo más nefasto y errático del actuar de la administración morenista ha sido el falseamiento de datos sobre los verdaderos decesos provocados por esta terrible pandemia, por mentir ante el evidente accenso de la mortal enfermedad con más de 400 mil contagiados y más de 45 mil muertos.
Sume usted amigo lector que nuestra economía transita por el peor momento de nuestras vidas, debido a una política altamente centralizada, burocratizada e ineficiente, sin rumbo hacia una economía de mercado errónea, lo que puede provocar fuertes conflictos sociales -por lo demás justificables- no obstante pretender establecer como elemento determinante y mecánico la relación entre “austeridad revolucionaria y corrupción” y quebrar “democráticamente” al país. No deja de ser una argumentación impregnada de un neo-estatismo, totalmente triturado por la historia más reciente.
Dice el adagio que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Esto aplica no solo para nuestra vida privada sino para las políticas públicas. Lamentablemente al gobierno de la “4ta.tranformación” llegaron muchos arribistas. Algunos a buscar recuperar los recursos aportados en campaña, otros muchos, seguramente son personas con buenas intenciones pero con mala preparación académica y otras perversas, abogan que el gobierno debe dejar la paternidad social.
De allí que resulta maniqueo y simplista, por parte del primer mandatario, adjudicarle todas las culpas a gobiernos anteriores, al supuesto saneamiento de las instituciones y al establecimiento inevitable e institucionalizado de la impunidad, abalada por un Congreso a modo para sacar “leyes” al vapor, que les permite incluso manipular las adquisidores públicas o crear empresas gubernamentales para la adquisición y distribución de medicamentos.
Es una vergüenza pues que el voto ciudadano que les dio el triunfo democrático; ante el hartazgo social por la corrupción imperante, la inseguridad desbordante y el mal actuar de grupos organizados delincuenciales, sea traicionado por la incapacidad de reconocer errores, lo que sin duda la historia les demandara sin absolverlos. Al tiempo.
