/ viernes 18 de junio de 2021

La Guardia Nacional, crónica de un engaño

La Guardia Nacional pudo nacer por una reforma constitucional publicada en marzo de 2019, quedando el artículo 21 constitucional de la siguiente manera en el párrafo modificado: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Dice, además, ahora, la propia Constitución: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública”, mientras que “la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género”.

En el segundo transitorio de aquella reforma se estableció que la Guardia Nacional asumiría “los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal” y que se constituiría con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval.

Ese mismo año se emitió un Acuerdo por el que se establecieron los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarían la Guardia Nacional.

Hasta entonces se insistía en el papel que la Guardia Nacional era una institución policial de carácter civil. Así también se menciona en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Sin embargo, las cosas dieron un giro orientado claramente, como se preveía, a militarizar a la Guardia Nacional y ello se dio a través del Reglamento que la creó.

Ya en la propia ley de la Guardia Nacional, se le habían otorgado enormes facultades a esta supuesta institución civil que nunca lo fue, más que en el papel. Pero en su reglamento, la estructura planteada se basaba en una estructura militar.

Rápidamente, como se esperaba, afloraron los problemas que acarrearía el desmantelamiento de la Policía Federal, a la cual, supuestamente, debía sustituir la Guardia Nacional.

De manera que, dadas las circunstancias y los problemas de transferencias de integrantes de la Policía Federal, la Guardia Nacional se integró al vapor, sin mayores controles y los resultados son los que ahora sabemos: una institución inexistente y, en algunos casos que se han conocido, con muchas deficiencias. Si bien poco se conoce y ningún informe ha sido rendido acerca de sus poco más de dos años de creación.

Ahora, por tanto, el Ejecutivo Estatal pretende militarizarla, poco se puede decir frente al fracaso y el engaño del cual siempre se sospechó: en el fondo la idea era traspasar las labores de Seguridad Pública al Ejército.

No hay que olvidar que ya existe la Ley del Uso de la Fuerza, con lo cual México terminará bajo el control de lo que se decía era lo peor que podía pasarnos.

La Guardia Nacional pudo nacer por una reforma constitucional publicada en marzo de 2019, quedando el artículo 21 constitucional de la siguiente manera en el párrafo modificado: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Dice, además, ahora, la propia Constitución: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública”, mientras que “la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género”.

En el segundo transitorio de aquella reforma se estableció que la Guardia Nacional asumiría “los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal” y que se constituiría con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval.

Ese mismo año se emitió un Acuerdo por el que se establecieron los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarían la Guardia Nacional.

Hasta entonces se insistía en el papel que la Guardia Nacional era una institución policial de carácter civil. Así también se menciona en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Sin embargo, las cosas dieron un giro orientado claramente, como se preveía, a militarizar a la Guardia Nacional y ello se dio a través del Reglamento que la creó.

Ya en la propia ley de la Guardia Nacional, se le habían otorgado enormes facultades a esta supuesta institución civil que nunca lo fue, más que en el papel. Pero en su reglamento, la estructura planteada se basaba en una estructura militar.

Rápidamente, como se esperaba, afloraron los problemas que acarrearía el desmantelamiento de la Policía Federal, a la cual, supuestamente, debía sustituir la Guardia Nacional.

De manera que, dadas las circunstancias y los problemas de transferencias de integrantes de la Policía Federal, la Guardia Nacional se integró al vapor, sin mayores controles y los resultados son los que ahora sabemos: una institución inexistente y, en algunos casos que se han conocido, con muchas deficiencias. Si bien poco se conoce y ningún informe ha sido rendido acerca de sus poco más de dos años de creación.

Ahora, por tanto, el Ejecutivo Estatal pretende militarizarla, poco se puede decir frente al fracaso y el engaño del cual siempre se sospechó: en el fondo la idea era traspasar las labores de Seguridad Pública al Ejército.

No hay que olvidar que ya existe la Ley del Uso de la Fuerza, con lo cual México terminará bajo el control de lo que se decía era lo peor que podía pasarnos.

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