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Hoy padecemos en México, lo que Sir Anthony Bottoms, profesor emérito de Cambridge dedicado a estudiar el control social y la criminalidad, ha dado por llamar populismo punitivo.
En términos generales, el populismo punitivo son el discurso y acciones que “venden” en la opinión pública la idea de que los castigos y penas más severas son la solución a la inseguridad y la criminalidad, lo que claramente está lejos de la realidad.
En general este discurso no tiene fines de mejorar el sistema de justicia, más bien se utiliza con fines electorales o políticos, tratando de obtener simpatía de los votantes o ciudadanos. Es decir, decirle a la ciudadanía lo que quiere escuchar aunque esto no tenga ninguna base científica o empírica.
El populismo punitivo se utilizó desde el siglo pasado en occidente, como una respuesta a las presiones que se planteaban en la opinión pública, pero sin que tuviera un fondo científico acerca de las causas estructurales de los delitos.
Este fenómeno discursivo pero que se materializa en leyes o modificaciones a leyes para endurecer las medidas antes de juicio o las penas derivadas de una sentencia, tiene consecuencias tales como el encarcelamiento en masa o la supresión de garantías de debida defensa a personas bajo proceso penal.
Mucho de esto conocimos en México en el pasado, pero es más preocupante que lo sigamos viendo ahora, cuando se ha desatado una ola por aumentar penas y generar retrocesos en la reforma penal,como lo ha sido aumentar el número de delitos de prisión preventiva oficiosa, bajo la falacia de que con ello los procesos serán mejores o la justicia más justa.
Ejemplo de lo contrario, es decir,de que medidas diferentes a la prisión en procesos penales funcionan, son las personas que acuden a sus procesos judiciales y que tienen medidas diversas ala prisión preventiva oficiosa, además de que la Fiscalía siempre podrá argumentar ante el juez la necesidad de la prisión preventiva a un procesado aunque no esté prevista en ley.
Por otro lado un claro ejemplo de que las penas mas altas y el endurecimiento del sistema no funciona, per se, es el Estado de México, en donde, desde 2011, se aumentó la pena máxima por feminicidio hasta 70 años y luego hasta la posibilidad de prisión vitalicia,pero la entidad sigue ocupando los primeros lugares por este delito.
