Es de esperar que muchas voces se alcen este 7 de junio para visibilizar el asedio en el que se encuentra en nuestro país la libertad de expresión, derecho universal de todas y todos, pero me refiero particularmente la que ejercen periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos independientes y no gubernamentales.
Y por asedio debe entenderse la presión que viene en diversas formas desde el Estado, incluyendo las expresiones frecuentes del propio titular del Poder Ejecutivo Federal para desacreditar a las personas, sino también la violencia y amenaza que viene de otros contextos, particularmente en los estados donde, como muestran las características de las muertes, amenazas y violencia en contra de periodistas y personas que defienden los derechos, se estarían fraguando desde el imperio de la delincuencia.
Son estas dos formas de atentar en contra de la expresión desde contextos diferentes, pero que tienen algunos vasos comunicantes, al tratarse esta violencia del resultado de una ausencia o desventaja en la seguridad que debe proveer el Estado en todos sus niveles. Hay que tener presente que los periodistas y representantes sociales tienen especial protección en las leyes y tratados internacionales.
Más aún preocupa el ejercicio de este derecho en territorios en donde las autoridades no han sido capaces de reducir o siquiera mantener a raya la violencia.
El asedio por parte del Gobierno Federal es de no creerse: por un lado no se asume desde el Ejecutivo el hecho de que estar en esa titularidad implica una mayor tolerancia a la crítica y que los medios de comunicación, sea cual fuere su inclinación, son parte fundamental del desarrollo de las democracias. Se ha optado, en cambio, por insistir en un rol de “víctima” y ocupar tiempo y esfuerzo desde la palestra de mayor poder en el país para atacar, mayormente, a los mensajeros y no al mensaje.
Este descrédito es también una forma de acometida a la libertad de expresión, hay evidencia pública y conocida de que se desacredita a las personas sin que los hechos u opiniones que se publican como crítica a los gobiernos y a las personas que ocupan estos puestos públicos, sean aclarados o desmentidos en su totalidad, de manera objetiva y clara, como corresponde a un Gobierno democrático.
Y no porque quiera o no contestarse, sino porque en medio de la refriega hay ciudadanos cuyo derecho de expresión implica recibir todo tipo de informaciones, con lo cual estructuran un pensamiento, un conocimiento y una opinión, de manera que desacreditar a la prensa, a los periodistas y a representantes de organismos civiles como se viene haciendo desde el Ejecutivo es una forma de “cancelar”, desde el Poder, la diversidad de opiniones, condición sine qua non para ejercer la democracia.
Esta tabla para desprestigiar es rasa para medios internacionales que tienen detrás una reputación por su rigor y profesionalismo de excelencia como Le Monde.
El respeto al derecho ajeno es la paz. Expresarse es un derecho y los medios y representantes de organismos no sólo se deben a ello, sino que están especialmente protegidos por el derecho nacional e internacional.
No, el suelo no es parejo: los gobernados, las sociedades y los medios cuestionan y sus opiniones, salvo en los límites que las leyes y tratados establecen, no ameritan el descrédito de quienes, por el puesto público que ocupan, se han expuesto a la crítica, al cuestionamiento y a la vigilancia y control de la opinión pública.
