La procuración e impartición de justicia no es gratuita. Mover la maquinaria que implica investigar y llevar a proceso a una persona que ha sido señalada por un delito genera una serie de gastos en recursos materiales y humanos en donde convergen la labor de Fiscalías, defensorías públicas, asesorías victimales (CEAV federal y estatales), jueces y juzgados, Centros de Medidas Cautelares, etc. etc., que deberían ser un gasto de primer orden en el esquema presupuestal de un gobierno.
La investigación de los delitos, cuya facultad tienen las Fiscalías estatales y la Federal, es un gasto que corresponde en su totalidad al Estado y es piedra angular para que se persiga, de forma profesional y eficaz, el delito y pueda dilucidarse quién lo cometió, es decir, hacer justicia.
EL sistema penal acusatorio y oral ha representado un enorme desafío en este sentido porque exige de estas instancias un trabajo más profesional.
La investigación es crucial para demostrar, con datos de prueba lícitos, que un detenido o señalado por un delito es el más probable en haberlo cometido. De lo contrario, el caso no prosperará en el Poder Judicial. Pero aún si no prospera, es deber de la Fiscalía seguir investigando y resolver las inconsistencias que le hayan sido señaladas por el juez y continuar el asunto hasta dar con los posibles responsables.
Además, cuando un caso llega al juzgado, el sistema penal prevé además una parafernalia que implica la labor no sólo del juez, sino de coordinadores de sala, encargados de causas, administradores de juzgados, cuya labor de coordinación con todas las autoridades es fundamental. Incluso personal de sistemas informáticos debe asegurarse de que las audiencias son videograbadas y preservadas.
Si hay menores, puede ocurrir que deban ser valorados por psicólogos para poder participar en el proceso. También pueden requerirse traductores. Igualmente, las salas tienen que estar custodiadas por un sector especial llamado policía procesal y cuando se dicta una medida cautelar para un procesado, otra instancia, que es el Centro de Medidas Cautelares, tiene que verificar que estas medidas se cumplan. Incluso cuando se dicta prisión preventiva oficiosa o justificada, el Centro de Readaptación Social toma parte en el entramado.
El juez de control, por su parte, tiene bajo su facultad la enorme responsabilidad de asegurar el debido proceso y que los derechos de la víctima y el imputado sean respetados, en este último caso, desde su detención.
El sistema penal descansa sobre una serie de principios que el juez tiene que asegurar que se cumplan, de otro modo se estaría entregando a la sociedad un servicio de justicia que no es legal ni legítimo: falsos culpables.
Frente a este gasto que representa la procuración e impartición de justicia, valdría preguntar cuál será el saldo de los recortes y reducciones que se esperan para el próximo año y las consecuencias, que ya se vieron este año de pandemia, de carecer de sistemas y servicios en línea acordes con la “nueva normalidad”.
