Lograda la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la consulta propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, que sorprendió porque juristas y abogados consideraron y expresaron públicamente que contravenía al menos el debido proceso y la presunción de inocencia de que gozan, acorde la Constitución, todas las personas hasta que ésta no sea destruida por una sentencia en un tribunal, resta esperar el desenlace de esta innecesaria y costosa maroma.
En medio de un país azotado por la violencia y los estragos de la pandemia, es difícil de creer que el Estado Mexicano designe recursos y esfuerzos hacia un asunto cuyo cauce legal debía ser una investigación ministerial que permitiera el procesamiento judicial de quienes hayan incurrido en algún delito.
No es a la ciudadanía a quien corresponde decidir si se debe procesar o investigar esas posibles conductas delictivas.
La consulta, pues, sólo favorece a validar una idea equivocada similar a un linchamiento: decidamos por propia mano.
No sólo debilita al órgano investigador y aquellos encargados del combate a la corrupción del presente gobierno, sino que invalida la legalidad de una decisión que siempre ha estado en manos del Estado llevar a cabo.
Es pues, una voltereta política oportunista, cuyo resultado es incluso obvio, considerando la publicidad y llamamiento que el partido del presidente ha venido haciendo, con figuras que representan a los aludidos que en la pregunta aprobada no pueden nombrarse.
Podría incluso interpretarse como un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que no podrían sino estar de acuerdo con que las autoridades hagan lo que les corresponde.
Y aún si se inspirara en la falacia de dar al “pueblo” el “poder” de tomar esta decisión, la consulta se convierte, entonces, en una forma de generar un Tribunal del pueblo, fuera de toda legalidad, como validando un linchamiento desde lo más alto del poder político de este país.
