Mucha significación, más allá de la admiración hacia el coraje a pesar del dolor, tiene el papel que, a lo largo de cinco años, han ganado las víctimas indirectas de los hechos de Ayotzinapa. Proactivamente, han insistido y colaborado para que las autoridades les ofrezcan resultados a través de un proceso legal distinto en su realización al que arrojó aquella verdad procesal de la PGR en enero de 2015.
En el fondo, es el mismo derecho de cualquier víctima de cualquier delito, que espera que el Estado, facultado para la investigación, actúe profesional y diligentemente en el marco de la ley para llegar a saber, al menos en el proceso, qué ocurrió y quién fue el responsable de tal delito. Sólo de este modo la ejecución de un hecho delictivo no queda impune y las víctimas satisfechas.
La mayoría de las víctimas, sin embargo, no pueden seguir la ruta del caso Ayotzinapa. Si bien los derechos procesales de las víctimas existen en nuestro país en un marco legal amplio y las leyes prevén revisiones y amparos y aun el derecho penal internacional y en materia de derechos humanos ofrece acceso a las víctimas, muchos casos se quedan en el camino, al tratarse de una ruta compleja, agotadora, a la que, a veces, se dedica la vida misma.
En el asunto Ayotzinapa las víctimas indirectas se convirtieron en partes activas y, como tales, se impusieron en solicitar al Estado una investigación diferente, que considerara otras líneas y la realización de un trabajo de corte científico, con más evidencias y una gama de testimonios más amplia que los tres dichos de las personas que habrían estado involucradas en los hechos y que fueron la base de la investigación de la PGR en 2015.
Esta actitud, si podemos llamarlo de este modo, de las víctimas indirectas, cuestionó la diligencia, profesionalismo, eficacia y legalidad del órgano investigador y evidenció la necesidad de una investigación exhaustiva y procesalmente limpia que hiciera florecer la verdad no sólo en favor de las víctimas, sino de la sociedad toda.
Las víctimas no son de palo, es el primer mensaje que envían a la sociedad quienes se empeñan en seguir en la lucha por obtener lo que el Estado está obligado a darles y lo que se ha derivado considerando los agravios de que han sido objeto.
En mérito de esa lucha, que aún no concluye, es que el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dictó medidas cautelares al Estado Mexicano en su favor y el propio Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que aportó luces para hacer investigaciones diversas a las consideradas por el Estado, fueron victorias importantísimas para las víctimas indirectas de Ayotzinapa y para las miles de víctimas que en este país tienen, en ocasiones, que conformarse con investigaciones fallidas.
