Además de las violaciones a derechos humanos y de las consecuencias negativas a nivel de salud física y mental para las mujeres y sus familias y por extensión de la sociedad toda, la violencia contra las mujeres tiene costos económicos tangibles, que alcanzan proporciones inimaginables si se hace el ejercicio de contar lo que significa, en pesos y centavos, el caudal de pérdidas derivadas de dichas violencias.
El primer costo obvio es el de la atención a la salud (pública y privada) a las víctimas por lesiones y, dolorosamente, de las mujeres que mueren.
Además, dado que ellas, en múltiples ocasiones, aportan a la economía familiar, lo que incluye la manutención de los hijos y de sus propios padres o familia extensa, se contabilizan pérdidas económicas para toda la familia cuando las lesiones impiden a las mujeres trabajar temporal o permanentemente.
Mientras ellas dejan de aportar, los hombres violentos representan gastos para el Estado y la sociedad.
Por ejemplo, cuando son alejados de sus hogares o se les prohíbe acercarse a las víctimas mediante órdenes de protección, conlleva un trabajo procesal de los Ministerios Públicos o de los Jueces y la vigilancia del Estado para que esas órdenes se expidan y se cumplan. Y aún con ello hay agresores que violan dichas órdenes de protección, lo que implica su detención y de nuevo su procesamiento.
También cuestan los procesos penales que se sigue a estas personas violentas, en la mayoría hombres que tienen relación familiar o sentimental con las víctimas, por los delitos de violencia familiar o lesiones o feminicidio en grado de tentativa o feminicidios consumados. O, como ya se mencionó la violación a órdenes de protección.
Una investigación ministerial que prospera y pasa al Poder Judicial implica que el imputado (así como la víctima tiene derecho a asesores victimales) tiene derecho a un defensor del Estado.
Cuando en el proceso proceden medidas de cautela diferentes a la prisión, se tiene que invertir en su vigilancia, que también corre a cargo del Estado.
Y aún cuando la prisión preventiva procede de manera justificada en el caso de violencia familiar u oficiosa en el caso de feminicidio o feminicidio en grado de tentativa, también representa un gasto para el Estado el hecho de mantener la estancia de los procesados en los Centro de Reinserción federales o estatales. Más aún hay un costo también cuando la condena es la prisión.
Hace unos años, el documento “El Costo de la Violencia Contra Las Mujeres”, auspiciado por Conavim, la Secretaria de las Mujeres y la UNAM, entre otras, concluyó que el costo aproximado de la violencia contra las mujeres en 2015 fue de 1.4% del PIB del país en ese año. La friolera de $245,118,266,538.00 M.N. en términos absolutos.
De manera que esta violencia tiene que acabarse también porque al mantenerse la estamos pagando todos. Desde la familia, con las actuales y nuevas generaciones, estamos urgidos a dejar atrás estereotipos y trabajar en una educación libre de superioridad o estereotipos.
