En México, el clientelismo electoral sigue siendo una práctica común. Todavía hay quienes se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de millones de personas para generar relaciones de dependencia, falsa lealtad y que logran movilizar una gran base electoral a través de condicionamientos y amenazas. La política social, siempre necesaria para atenuar la desigualdad, reducir la pobreza o ampliar oportunidades, tiene distintos componentes como la protección de algunos derechos fundamentales —salud o educación, creación de beneficios universales o la atención específica a grupos vulnerables mediante intervenciones focalizadas, como es el caso de la pensión para adultos mayores.
Sin embargo, quienes hoy ostentan el poder federal no solo usan dichos programas para beneficio político, además, la secretaria del Malestar; encargada de entregar dichos recursos a las personas mayores de 65 años, tiene un completo desorden para el registro de dichos beneficiarios. En las unidades administrativas donde se deben anotar para obtener el “beneficio”, desde las cinco de la mañana personas de la tercera edad hacen filas interminables, mientras que los servidores públicos asignados a esas labores llegan a las nueve de la mañana para atenderlos. La verdad es no tener madre…amen de la falta de criterio y coordinación de la dependencia, tener a los ancianitos entre diez y doce horas de pie formados para realizar el trámite, de la falta de protocolos de sana distancia, que los pone en peligro de contagio, lucran indiscriminadamente con necesidad del pueblo.
La atención y apoyos para adultos mayores, mujeres y personas con capacidades diferentes son los más proclives al uso clientelar y, nos guste o no, los programas sociales tienen dividendos que poco tienen que ver con el alivio de las necesidades: los réditos políticos. Sirven para crear una base de apoyo a los gobernantes que los adoptan, las llamadas clientelas. Tal es el caso en la administración federal actual lamentablemente.
No se trata de que los gobiernos no tengan una política social compuesta de programas sociales que beneficien a los sectores más necesitados de la población. Entre otras, y después de la de brindar seguridad a los ciudadanos, en especial a los más vulnerables, es una de las obligaciones fundamentales del Estado. Puede decirse con justicia que es válido que los gobiernos de distinto signo se diferencien entre sí por el tipo de programas que ofrecen y la amplitud de los mismos. Lo que no es válido es que los programas sociales no se apeguen a la normatividad y transparencia, que sean utilizados, diseñados y operados con criterios clientelares en lugar de con criterios sociales. “Primero los pobres… la pobreza en México ha crecido durante el “gobierno” de Andrés Manuel López Obrador al 56 por ciento”.
