Vicente Gutiérrez Camposeco
La Ley de Migración mexicana cumple en el año 2019 ocho años de vigencia. Su contenido, que introduce importantes avances que buscan la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, hasta hoy no ha mostrado toda su eficacia en la realidad. Además, dicha ley no ha sido todavía analizada a profundidad por las autoridades jurisdiccionales mexicanas para determinar la compatibilidad de sus normas con el bloque constitucional de derechos humanos (Constitución-tratados) establecido en el artículo 1°. constitucional. Ante eso, México se ha convertido en el puente más grande de migración de miles y miles de latinoamericanos, pero en especial de los hondureños, que a pesar de hospitalidad que los mexicanos les brindamos, estos trasgreden el estado de derecho en nuestro país y abusan de la buena fe que les ofrecemos, sin que la autoridad haga nada.
Sabemos que sostener la compatibilidad de las leyes de migración o extranjería con los derechos humanos no es fácil y, siendo estrictos, prácticamente ninguna podría soportar dicha evaluación si se analiza con seriedad el derecho a migrar en conjunto con el principio de igualdad reconocido en prácticamente todos los ordenamientos constitucionales y tratados de derechos humanos. En realidad, si han surgido y se sostienen leyes de ese tipo es porque se encuentran amparadas en ese difuso constructo humano llamado soberanía de los Estados, que les autoriza a regular la migración y, con base en ello, se ha legitimado de manera muy dudosa la entrada a México de diferentes grupos y personas, sin conocer o saber de su historial, lo que ha permitido el ingreso de grupos y personas vinculados a grupos organizados con el crimen organizado.
Las condiciones en las que viajan las personas migrantes que cruzan por México, sobre los abusos, violencias y violaciones generalizadas de derechos de las que son víctimas a diario, tanto por mano de agentes del crimen organizado como de maleantes incrustados en las caravanas de migrantes, muestran con mucha claridad la impunidad y falta de actuación de las autoridades involucradas. Lo anterior, genera algunas de las principales vulneraciones al Estado de Derechos que los mexicanos exigimos
El flujo migratorio de latinoamericanos a Estados Unidos ha aumentado notablemente en décadas recientes. Este flujo es mayormente indocumentado, propiciando alto riesgo tanto para los migrantes como para México como país “puente. La migración se percibe como un tema de seguridad, generalmente es resultado de factores económicos, laborales y proximidad geográfica, pero también para el tráfico de drogas, armas, personas y potenciales terroristas. Un tema que sin duda requiere de la atención y prioridad del gobierno.
