En nuestro país podemos considerar como resultado de conductas delictivas la corrupción, impunidad, el soborno, el crimen organizado y el vandalismo, que amenazan la integridad individual y colectiva; es decir la victimización de la población como producto de la violencia, que es en lo cualitativo el efecto de la crisis económica, social, política y cultural del México de principios del siglo XXI. Los factores determinantes de la creciente inseguridad que los mexicanos perciben son la pésima estrategia en materia de seguridad de un gobierno de cuarta fallido y un mandatario con graves claro-oscuros en su relación con líderes de crimen organizado. La información mediática ha puesto al descubierto a la administración de Morena respecto a el porque de los “abrazos y no balazos”.
Temas como el de la violencia social y de algunas de sus manifestaciones ya sea la delincuencia, la violencia intrafamiliar, la inseguridad, y otros problemas, han adquirido un alto grado de interés entre los diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, la desarticulada estrategia del gobierno federal sustenta un alza en la delincuencia organizada y la delincuencia en nuestro país.
Las características del fenómeno delictivo y su tendencia, así como la inexistencia de análisis serios comparativos, imposibilitan las afirmaciones de carácter científico respecto al comportamiento del fenómeno. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Sistema de Encuestas Sobre Victimización de René Jiménez Ornelas, referentes a la percepción del desempeño de las autoridades, se pudieron observar los resultados siguientes: Para todas las ocupaciones consideradas, la mayor incidencia se presentó en la categoría que ubica el desempeño de las autoridades como mala. La categoría en la que se presentó la frecuencia más alta de buena percepción del desempeño de las autoridades fue entre los pensionados, con el 23.30%.
Por su parte, los estudiantes perciben más negativamente el desempeño de las autoridades federales, ya que el 42.90% lo considera como muy malo. Para los desempleados, trabajadores del sector público, privado e independientes, la tendencia se inclina hacia la inseguridad con el 24.5, 23.30, 26 y 23.40% de los casos, respectivamente.
La percepción de la seguridad distribuida por ciudades o regiones tiende a ser pobre para todos, mientras que la calificación de la actuación de las autoridades federales en su mayoría se consideró muy mala. Finalmente, queda de manifiesto que estudiar la violencia en sus diversas manifestaciones, requiere un esfuerzo analítico, que incorpore dimensiones históricas a situaciones socio-económicas generadoras de las grandes desigualdades sociales y que no deje fuera los procesos actuales de impunidad-corrupción.
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