La acumulación del poder en una sola persona y el control por medio de la violencia han sido históricos medios de apropiación en muchos lugares del mundo y, desde luego en Latinoamérica, por parte de grupos organizados con intereses poco claros. Esta apropiación violenta y de clase tiene como objetivo asegurar la apropiación y explotación de los principales recursos locales, es decir, las tierras más productivas, infraestructura, bancos biológicos, reservas naturales ricas en recursos estratégicos, agua, entre otros recursos de primera necesidad para el gobierno de la “cuarta transformación”.
Lamentablemente hoy vemos como la administración actual canibaliza a la pobreza para generar más pobreza en nuestro país. Bajo la política fallida de combate a la corrupción e impunidad, el Gobierno Federal permite a los caciques apropiarse de tierras por medios violentos, no sólo para controlar regiones sino también para extender su zona de influencia. Bajo este esquema aparecieron campos de entrenamiento para- militar en la selva de Quintana Roo y Campeche, donde Kaibiles (Grupo elite del ejército guatemalteco) adiestra a elementos mexicanos, según comentan a discreción militares encargados del tramo de la obra del Tren Maya.
No podemos explicar el paramilitarismo en México sin hacer un análisis de lo que ocurre en el país y la posibilidad del nacimiento de un movimiento contra la política social que mal ha ejecutado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El paramilitarismo se convierte en una constante en dichos estados, ahí este fenómeno tendrá como principales objetivos consolidar el terror como método de disuasión social y controlar los territorios, sus recursos y toda la información posible.
Podemos definir al paramilitarismo que se desarrolla en México como grupos filiales a MORENA, patrocinados por funcionarios públicos quienes, por medio del terror como mecanismo de atomización social, buscan el control económico, político y social de un territorio definido. Actúan principalmente contra la población civil bajo la égida de las autoridades de distintos niveles, mismas que favorecen el ambiente de violencia e ingobernabilidad como un marco para sostener la impunidad de los crímenes. Es pues una estrategia de salvoconducto, disuasión política y social que tiene por objetivo la recuperación y el control de territorios y espacios políticos.
