Columna de opinión por Jimena Ortiz, Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana
México es de los países del mundo con más marcado sistema presidencialista. En los setenta y ochenta el presidente determinaba las políticas macroeconómicas, era jefe del partido, repartía todos los cargos y controlaba la prensa. Hay que decirlo: la gran deuda pública contraída en esos años no hubiera sido posible de haber contado con un Poder Legislativo autónomo que pusiera freno al poder del presidente.
Los vientos cambiaron con la pérdida de la mayoría de la Cámara de Diputados en 1997. No es casualidad que esos tiempos coincidieran con las mismas fechas en que México obtuvo el grado de inversión, nivel que, aunque frágil, conservamos.
A pesar de las presiones sobre la inflación y el crecimiento, y el creciente riesgo de recesión en Estados Unidos, la calificadora S&P espera que continúe la ejecución cautelosa de las políticas fiscales y monetarias de México durante lo que resta del sexenio, y que el índice de deuda neta del país se mantenga estable. Pero algo muy interesante es que señala que dada la etapa en que se encuentra el ciclo político y la polarización en el Congreso, no espera que se aprueben iniciativas constitucionales que presionen el entorno de negocios, ¿qué quiere decir esto?
Que los diputados de oposición al lograr desechar la propuesta de reforma energética, en abril pasado, por la que se les acusó de traidores a la patria, y proponer recientemente una moratoria constitucional para que no se aprueben reformas a la Carta Magna por el resto del sexenio, ayudaron a mantener el grado de inversión para crear los empleos y el crecimiento que necesitamos, ¡nadie sabe para quién trabaja!
Sin embargo, la moratoria tiene sus inconvenientes. ¿Cómo se legislará sobre lo necesario ante una parálisis legislativa dado el distanciamiento que existe entre las facciones más importantes de las cámaras? México requiere soluciones para los complejos desafíos que plantea la inseguridad pública, la ineficacia del sistema de justicia, los retos fiscales de Petróleos Mexicanos, la migración, y la incertidumbre sobre la política energética. Asimismo, retrocesos en el diálogo con nuestros socios comerciales, como Estados Unidos, Canadá y España, podrían debilitar más la confianza para las inversiones, sobre todo en el sector automotriz.
S&P nos dio una señal importante sobre la importancia de contar con un Poder Legislativo fuerte y autónomo. ¿Se entenderá por fin que los contrapesos al poder son garantía de sensatez en la conducción del país?
Twitter: @jimena_ortiz
Socia fundadora de InteligenciaMás, firma especializada en asuntos gubernamentales y análisis del entorno político nacional. Desempeñó cargos de alto nivel en la SHCP encabezando los equipos de negociación en el Congreso, asesora legal en la Comisión de Hacienda de Diputados y abogada especialista en amparo en la Procuraduría Fiscal de la Federación
