Las Universidades del Bienestar “Benito Juárez García” proyecto prioritario de la 4T, deja mucho que desear en el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores. En el 2021, dos años después de su creación, comenzó con despidos masivos injustificados de profesores, a los cuales primeramente contrató porque cumplían con el perfil docente.
Tiempo después, la directora general del Organismo Coordinador de la UBBJG, Raquel Sosa Elízaga argumentó que los maestros no cumplían con el perfil académico para las carreras que fueron asignados.
Inclusive, los afectados, afirman que la funcionaria hizo referencia que algunos profesores con carreras como Pedagogía, Psicología y Comunicación, eran “profesiones neoliberales”, y no tenían cabida en ese proyecto educativo por lo que debían ser separados.
En la demanda colectiva que emprendieron los docentes despedidos, que integraron la Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar, ha habido diversas violaciones a sus derechos laborales, donde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dio la razón a la UBBJ para desconocerlos como trabajadores y catalogarlos como beneficiarios de programas sociales.
Ese tribunal laboral no considera las pruebas existentes sobre la relación laboral: los docentes cumplían horarios de trabajo, seguían órdenes del patrón y recibían un salario, elementos definitivos para demostrar la relación de subordinación de acuerdo con la LFT.
Los mentores resaltan las contradicciones del gobierno federal que critica las políticas neoliberales de otros sexenios, pero las mantiene con sus trabajadores. No les reconoce como trabajadores a los que prestan sus servicios personales y subordinados.
Ya siendo presidente López Obrador anunció la creación de las universidades del Bienestar, como un proyecto prioritario de su gobierno. En febrero del 2019 se lanzó la convocatoria para aplicar como docente. Los interesados que ingresaron a la convocatoria, subieron documentos, acreditaron su identidad y recibieron un número de folio para dar seguimiento a su solicitud.
Los seleccionados pasaron por tres filtros, para acreditar su experiencia docente, acudieron a un curso de inducción de docentes, en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, y les hicieron una entrevista ante el comité seleccionador. Luego recibieron un correo electrónico con el asunto carta de aceptación a la UBBJG.
En una carta les informaron que fueron aceptados al programa, el cual iniciaba el 25 de marzo del 2019. Pero su contratación sería a partir del 20 de marzo. Luego les pidieron su presencia en el simulacro de formación para el curso de recuperación de conocimientos del bachillerato que fue el 21 y 22 de marzo en el hotel Ritz de la Ciudad de México, al que acudió Raquel Sosa.
Les dio la bienvenida al programa y les dijo que todos los fundadores serían considerados como profesores de tiempo completo, les pagarían a 200 pesos la hora, que iban a tener una plaza, seguridad social y todas las prestaciones de ley.
Comenzaron a trabajar en marzo, fue hasta septiembre cuando les comenzaron a pagar; y los obligaron a firmar “un convenio de prestación de servicios educativos”.
Su trabajo como docente, no sólo era preparar todas las materias, cursos en particular; sino que a falta de personal administrativo, escribían a los alumnos, hacían archivos, horarios, atendía a los alumnos fuera de aula, llenaban formatos y otras actividades.
El abogado de la Coalición, Juan de Dios Hernández, expuso que son más de 100 los académicos los despedidos y que continúan las destituciones a la fecha. Y denunció que después de un retraso injustificado, la JFCA número 11 emitió laudos plagados de mentiras, de falsedades y de interpretaciones dolosas y sesgadas.
Entre 2021 y 2022 han tramitado seis demandas ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 14 por el despido de los docentes de varias sedes del país.
EN ESTE TENOR. Los académicos demandan se les reconozca la relación laboral, su antigüedad, pago de los salarios caídos y devengados, así como la reinstalación en sus puestos de trabajo.
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