Es a los integrantes del Senado de la República a los que les corresponde decidir el rumbo que tomará la minuta de la Cámara de Diputados, en torno a la reforma constitucional para que el Presidente de la República sea juzgado por los delitos de corrupción, electorales y los sujetos al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva justificada.
Al hacerle los diputados cambios a la minuta que recibieron de los senadores, al presentar la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro un dictamen en los términos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, los de la colegisladora tendrán que abocarse al tema
Gran aceptación se ha tenido en diversos grupos sociales el hecho de que el Primer Mandatario pueda ser juzgado por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Hay quienes lamentan que esto no se haya propuesto desde hace años, al menos tres décadas.
También se incluyen delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).
Por el momento en el artículo 108 de la Constitución Política, se estipula que el titular del Poder Ejecutivo de la nación sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Y el que tuvo plaza llena en su primer informe de labores, fue el petista Nelson Feliciano Beristain Macías, presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que ha tomado diversas decisiones de trascendencia, luego de tocar diversas puertas en el gobierno federal y estatal para continuar con el avance.
En días pasados se presentó ante sus gobernados, junto con su esposa Teresa Meléndez Maldonado, presidenta del DIF municipal y los integrantes del cabildo, ante quienes aseguró que en salud y educación se avanza con paso firme, pero reconoció que la seguridad pública es aún una de las prioridades de su gobierno y en el rubro, hay más por hacer. Llamó a trabajar sin distingos partidistas y con la firme intención de mejorar a Tlacotepec.
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