/ sábado 25 de marzo de 2023

DOBLE EFECTO | Abuso y explotación a jornaleros agrícolas


Por Patricia Carrasco


Pasan los años y las frecuentes denuncias de cómo viven y laboran los jornaleros agrícolas en los campos, no cambian. Los más de 3 millones de trabajadores del sector siguen sufriendo condiciones de esclavitud, explotación de empresas agrícolas, estadounidenses y mexicanas que cambian razón social, de manera frecuente, bajo la complacencia de las autoridades

Funcionarios de todos los partidos y sexenios han y condenan el abuso contra estos trabajadores, y no pasa nada. Ahora la organización ‘Ambulantes’, formada por seis colectivos defensores de los derechos de migrantes denunció nuevamente la explotación de las personas jornaleras en Veracruz y Oaxaca.

Los jornaleros no tienen garantizado su empleo, y el 94 % de ellas no reciben contrato escrito. Cuentan con una alta proporción pertenecientes a Pueblos Originarios, el 24% habla una lengua materna, y se encuentra en franca situación de desventaja al no entender por completo el idioma español.

Nueve de cada diez, no tienen acceso a la salud por parte de su empleador/a ni cuentan con seguro social, ni reciben prestaciones laborales en general.

Tampoco les garantizan el derecho al alojamiento que se les ofrece, ni las condiciones de la vivienda, ni la calidad de la alimentación, ni educación para sus hijos. No cambian de campos, porque no saben en qué lugar se encuentran o porque temen ser presas de la delincuencia organizada.

En Veracruz, más del 40% de los jornaleros dicen que reciben su pago de manos de contratistas regionales, no de los empleadores. En las comunidades de origen, les pagan 100 pesos por jornadas de más de 10 horas, si migran les pagan entre 150 y 300 pesos, de acuerdo a la actividad que realicen.

Ante este duro panorama, los activistas que encabezan la organización ‘Ambulantes’, como Susana Cruickshank, Jaime de la Cruz, Juan José Lavaniegos, Wilma García, Alejandro Urizar, levantan la voz y le exigen a la STPS mayor supervisión y vigilancia a nivel federal, estatal y municipal de cómo laboran, les paguen salarios dignos y se aplique la Ley Laboral.

En muchas ocasiones son defraudados por empresas agrícolas, por lo que se debe garantizar la supervisión en traslados, les garanticen estancias dignas en los albergues, escuelas para sus hijos, agua.

Denuncian que muchos jornaleros están expuestos a agroquímicos, con el bombeo de sustancias que le echan a cultivos, se les quema la piel.

Estos mexicanos, que si trabajan duro, no son beneficiados con los programas sociales del gobierno federal, porque dicen los encargados, por la movilidad constante y la falta de identidad jurídica.

Como suelen viajar con sus familias, se estima que los jornaleros agrícolas alcanzan los 5.9 millones de personas.

Además, de todo lo citado, padecen graves carencias sociales, inseguridad, violencia generalizada y pobreza extrema ya que provienen de municipios de contextos rurales e indígenas.

EN ESE TENOR. El trabajo infantil sigue. Sobre todo en pequeñas empresas. Entre la población jornalera hay registro de adolescentes que salen a trabajar con esos contratos desde los 13 años. Aunque a ellos no se les ofrece contrato escrito porque su contratación se encuentra fuera de la Ley Laboral.


Sígueme @Patri17Carrasco


Por Patricia Carrasco


Pasan los años y las frecuentes denuncias de cómo viven y laboran los jornaleros agrícolas en los campos, no cambian. Los más de 3 millones de trabajadores del sector siguen sufriendo condiciones de esclavitud, explotación de empresas agrícolas, estadounidenses y mexicanas que cambian razón social, de manera frecuente, bajo la complacencia de las autoridades

Funcionarios de todos los partidos y sexenios han y condenan el abuso contra estos trabajadores, y no pasa nada. Ahora la organización ‘Ambulantes’, formada por seis colectivos defensores de los derechos de migrantes denunció nuevamente la explotación de las personas jornaleras en Veracruz y Oaxaca.

Los jornaleros no tienen garantizado su empleo, y el 94 % de ellas no reciben contrato escrito. Cuentan con una alta proporción pertenecientes a Pueblos Originarios, el 24% habla una lengua materna, y se encuentra en franca situación de desventaja al no entender por completo el idioma español.

Nueve de cada diez, no tienen acceso a la salud por parte de su empleador/a ni cuentan con seguro social, ni reciben prestaciones laborales en general.

Tampoco les garantizan el derecho al alojamiento que se les ofrece, ni las condiciones de la vivienda, ni la calidad de la alimentación, ni educación para sus hijos. No cambian de campos, porque no saben en qué lugar se encuentran o porque temen ser presas de la delincuencia organizada.

En Veracruz, más del 40% de los jornaleros dicen que reciben su pago de manos de contratistas regionales, no de los empleadores. En las comunidades de origen, les pagan 100 pesos por jornadas de más de 10 horas, si migran les pagan entre 150 y 300 pesos, de acuerdo a la actividad que realicen.

Ante este duro panorama, los activistas que encabezan la organización ‘Ambulantes’, como Susana Cruickshank, Jaime de la Cruz, Juan José Lavaniegos, Wilma García, Alejandro Urizar, levantan la voz y le exigen a la STPS mayor supervisión y vigilancia a nivel federal, estatal y municipal de cómo laboran, les paguen salarios dignos y se aplique la Ley Laboral.

En muchas ocasiones son defraudados por empresas agrícolas, por lo que se debe garantizar la supervisión en traslados, les garanticen estancias dignas en los albergues, escuelas para sus hijos, agua.

Denuncian que muchos jornaleros están expuestos a agroquímicos, con el bombeo de sustancias que le echan a cultivos, se les quema la piel.

Estos mexicanos, que si trabajan duro, no son beneficiados con los programas sociales del gobierno federal, porque dicen los encargados, por la movilidad constante y la falta de identidad jurídica.

Como suelen viajar con sus familias, se estima que los jornaleros agrícolas alcanzan los 5.9 millones de personas.

Además, de todo lo citado, padecen graves carencias sociales, inseguridad, violencia generalizada y pobreza extrema ya que provienen de municipios de contextos rurales e indígenas.

EN ESE TENOR. El trabajo infantil sigue. Sobre todo en pequeñas empresas. Entre la población jornalera hay registro de adolescentes que salen a trabajar con esos contratos desde los 13 años. Aunque a ellos no se les ofrece contrato escrito porque su contratación se encuentra fuera de la Ley Laboral.


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