Mientras continúa la contingencia sanitaria por coronavirus y se recrudecen las medidas de distanciamiento y aislamiento social, los funcionarios de distintas dependencias y áreas de responsabilidad del llamada 4T no han dejado de dar de qué hablar.
No por sus acertadas decisiones, oportunas declaraciones o aplicación de efectivos protocolos para contender los estragos sociales, económicos y sanitarios que está dejando a su paso la pandemia de COVID-19.
No por dar tranquilidad o certidumbre a la población o actores económicos, al contrario parece que se trata de una competencia de a ver quién llama más la atención por sus estridentes y bizarros pensamientos que nos dejan conocer porque los expresan sin ton ni son.
¿Qué les pasa?, ¿de verdad no se oyen?, o ¿no hay alguien que los pueda asesorar?. Nos referimos específicamente a las desafortunadas declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
Si bien es cierto, el ex senador nunca se ha distinguido por esa extraña cualidad que se llama prudencia y -que ahora tal parece está en peligro de extinción-, vemos que tampoco escatima esfuerzos para polarizar a la sociedad en tiempos de pandemia y asesta un extraño discurso sobre la división de clases, los pobres y los ricos, los buenos y los malos, los que se salvarán de la pandemia y los que no.
Otro caso sorprendente que ha pasado desapercibido por la contingencia sanitaria y que no tuvo tanta notoriedad es el grave y vergonzoso suceso en que se han visto envueltos funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) al darse a conocer un chat de WhatsApp, a través del cual se exhibían fotos íntimas de mujeres indígenas.
Se sabe que en este chat participaban al menos 100 funcionarios del INPI, del nivel federal e incluso gobiernos estatales, todos de Morena, entre ellos figura Rolando Vázquez Pérez, titular del Instituto en mención, quien tras darse a conocer este asunto, renunció a su cargo y se excusó diciendo que eran acusaciones falsas en su contra.
Dijo tener tranquila la conciencia de no haber cometido acto indebido que denigre a la mujer de la Región Mixe. Sin embargo, estas disculpas no son suficientes y la Secretaría de la Función Pública, así como Inmujeres, CNDH y todos los órganos de contraloría, encargados del desempeño de funcionarios públicos, deben iniciar una investigación exhaustiva de estos lamentables hechos, que vulneran los derechos de las mujeres, denigran usos y costumbres de mujeres indígenas y, de quedar impune, abonaría a la larga lista de actos de violencia de género cometidos desde la esfera del poder.
