DOBLE EFECTO
Tras aprobarse la Reforma Laboral que responde a requerimientos de Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC, así como a la nueva clase sindical del gobierno federal, los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se preguntan qué pasará con ellos.
Hay 66 Juntas Especiales de carácter federal y más de 200locales, las cuales se determinó sustituir por juzgados dependientes de los poderes judiciales, Federal y de los estados.
Ejemplifican que en la Ciudad de México, las 20 Juntas existentes deberán ser sustituidas por más de 300 tribunales. Las 20 Juntas celebran cerca de 1000 audiencias diarias, mientras que cada uno de losTribunales podrá realizar cuando mucho tres.
El costo de construcción, equipamiento, capacitación y salarial de esos 300 Tribunales será muy oneroso, si se considera que los salarios actuales en los tribunales son muy superiores al de las juntas. Un actuario de la Junta Federal percibe cerca de 10,000 pesos mensuales y uno delos Tribunales Federales 40,000 al mes.
Sin embargo, las Juntas deberán subsistir algunos años, toda vez que deben concluir los juicios en trámite, incluidos los que inicien hasta la fecha. Y una vez que inicien su funcionamiento los tribunales -lo cual se calcula que suceda dentro de 3 años si se asigna el presupuesto suficiente-contarán con cerca de un millón de juicios en trámite en todas las juntas del país.
Abogados laborales señalan que será enorme el costo que implicará la creación y el mantenimiento de ese monstruo burocrático que tendrá a su cargo el control corporativo de todos los sindicatos del país y de las huelgas que se promuevan.
Vaticinan que será alguien muy cercano a la secretaria delTrabajo, Luisa María Alcalde quien presidirá el poderoso instrumento de control denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo autónomo que será el encargado del registro de los contratos colectivos. El 1de noviembre deberá promulgarse la Ley Orgánica de dicho Centro.
EN ESE TENOR. El 23 de noviembre entrará en vigor elConvenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza la libertad de afiliación sindical y la ratificación por las bases de los acuerdos de los dirigentes para modificar las condiciones salariales y de trabajo.
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