El pasado fin de semana el PAN expulsó a los diputados locales de Baja California que votaron a favor de la “Ley Bonilla”.
La Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional dio de baja a los ocho ex legisladores:
José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez.
Lo mismo sucedió con la presidenta municipal y el síndico de Playas de Rosarito: Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz.
Sin embargo, al interior de Acción Nacional no están de acuerdo en que las cosas queden saldadas con la expulsión de los ex legisladores.
Ahora buscan que se investigue al gobernador Francisco Vega de Lamadrid por el hecho, donde tuvo mucho que ver.
Lo que no se cansan de decir es que la ampliación del mandato de dos a cinco años, no se puedo entender sin la intervención de “Kiko” Vega.
El fondo es comprar impunidad y encubrir le serie de fechorías e ilícitos cometidos durante los seis años de su administración.
Adicionalmente y para ampliar su blindaje, el gobernador envió a la nueva legislatura a dos de sus incondicionales: Loreto Quintero Quintero y Miguel Ángel Bujanda Ruiz.
Quintero fungió como su Oficial Mayor y Bujanda, como secretario privado. El primero decidía los cargos en todas las áreas de la administración.
Sólo es cuestión de atar cabos y saldrán a la luz pública hechos –incluso de sangre- que marcaron al gobierno de “Kiko” Vega.
Es el caso del asesinato de Manuel Ponce Rico, subdirector administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).
Ponce Rico era cercano a Loreto Quintero, y al momento de su crimen tenía en su domicilio más de 3 millones de pesos en efectivo. Mensualmente percibía 60 mil pesos.
Este y otros ilícitos pueden consultarse en diarios estatales como el Semanario Zeta.
¿Ante tales hechos se quedará callado Marko Cortés, dirigente nacional del PAN? ¿Deberá exigir juicio político en contra de Vega de Lamadrid?
Esto último es lo que debió haber hecho el presidente de Acción Nacional, pues de lo contrario será tachado de cómplice.
Se trata de una acción de vital importancia para que el partido albiceleste recobre su credibilidad.
Los hechos de corrupción en Baja California se deben investigar y aclarar para que paguen los responsables.
El daño a la democracia no debe quedar impune bajo la cortina de humo de la expulsión a los actores materiales.
¿Cuándo pagarán los actores intelectuales? Se preguntan en Baja California y en Acción Nacional.
PROSPECCIÓN…La tarde de este lunes el Presidente López Obrador se reunió con los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue y de Jalisco, Enrique Alfaro, para analizar las opciones técnicas en la construcción de la presa El Zapotillo. Al encuentro también asistió la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, con quien los mandatarios sostuvieron reuniones de trabajo previas a la reunión el Ejecutivo Federal.
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