El Piso 14 de la sede del Poder Judicial Federal en Insurgentes, era el terror de jueces y magistrados.
Todos los que eran llamados a ese piso de la torre administrativa, sabían lo que les esperaban.
La denuncia anónima -expediente de investigación J/108/2024-, muestra el entramado de corrupción por el que es investigado el ministro en retiro, Arturo Zaldívar.
Son abundantes los hechos que involucran directamente a Carlos Antonio Alpizar Salazar, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Alpízar Salazar se puso a las órdenes del entonces influyente y poderoso consejero Jurídico de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra.
Ello “le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos; es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todo de cantidades millonarias”.
De acuerdo al expediente en el rubro denominado “corrupción y/o extorsión”, existía un “sistema corrupto” utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
Se trataba, en particular de interés del Poder Ejecutivo, consiste en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal.
Ahí eran presionados para exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiéndoles beneficios políticos y económicos.
En caso contrario, los extorsionaban o amenazaban con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa, en especial asuntos de naturaleza mercantil.
Por citar algunos casos y en relación a la Ley de Hidrocarburos y de lndustria Eléctrica, los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, recibieron amenazas de todo tipo del Poder Ejecutivo y Arturo Zaldívar, señala la denuncia.
Se les infringieron amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigación de sus finanzas; el primero de ellos, también fue presionado por el asunto de una poderosa televisoras y que motivó llamadas de amenazas.
Por los casos del Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco, los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, contactados por Zaldívar y Alpízar, fueron amenazados telefónica y personalmente con inicios de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones.
Respecto al Tren Maya, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, recibió amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la Presidencia de la República, exigiéndole que dejara de conceder suspensiones a las obras.
Esos son los jueces y magistrados a los que una y otra vez, López Obrador ha llamado corruptos, a los opositores a sus caprichos.
Tanto el Presidente y su candidata Claudia Sheinbaum, mantienen su defensa y apoyo a ultranza de Arturo Zaldívar.
PROSPECCIÓN… La candidata del PRD por el Distrito 12 local de Cuauhtémoc, Rita Cecilia Contreras Ocampo, presentó el Plan de Trabajo que impulsará desde el Congreso de la Ciudad de México. Destacó que todos los programas, proyectos y políticas públicas aprobados por el órgano legislativo deben contar con el presupuesto respectivo que haga realidad los beneficios para los capitalinos. En conferencia de prensa explicó que el gobierno de la Ciudad tiene la obligación de proveer las herramientas necesarias para lograr un mayor progreso, entornos seguros, viviendas dignas, empleos bien remunerados, espacios públicos con excelentes servicios y escuelas seguras y equipadas. Asimismo, calles y senderos alumbrados y pavimentados, apoyo a unidades habitacionales, atención integral a colonias de alta marginación con ayuda psicológica, actividades recreativas, salud, seguridad social, educación y orientación sexual.
X: @JoelSaucedo
