Por posibles fallas al debido proceso que enfrenta, Daniel Arizmendi López, peligroso secuestrador conocido como El Mochaorejas, quien fue capturado en el año de 1998, obtuvo un amparo por parte de un tribunal federal con el que se deja sin efecto una sentencia de 50 años en su contra.
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Con la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal también resultó beneficiado su hermano, Aurelio, así como tres cómplices más, quienes eran parte de una banda de secuestradores que operaba en los años 90s y que era capitaneada por dicho sujeto que adquirió el mote del “Mochaorejas”, ya que les cortaba las orejas a sus victimas para presionar a sus familiares a pagar los rescates que él exigía.
De acuerdo con el proyecto presentado por la magistrada Isabel Cristina Porras —y avalado por unanimidad por el tribunal federal mencionado— se resolvió dejar sin efecto la sentencia y se ordenó que se investiguen posibles actos de tortura cometidos en contra del Mochaorejas y sus secuaces, cometidos durante el proceso por el que se les imputó el delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro.
Con el amparo, un tribunal colegiado en Materia de Apelación tendrá que revocar la sentencia y se ordenará al juez que el caso sea repuesto; además, se instruirá a las autoridades para que investiguen la presunta tortura que denunciaron los acusados.
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Cristina Porras aclaró que la solución no implica que los hermanos Arizmendi o sus colaboradores queden en libertad, porque tan solo Daniel, El Mochaorejas, enfrenta una condena de 393 años de prisión producto de varios delitos, entre los que destacan privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, homicidio calificado y posesión de armas de fuego.
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Fue en 2021 cuando los hermanos Arizmendi enviaron una misiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde pidieron al Máximo Tribunal interceder en su caso debido a las diversas irregularidades que se presentaron.
En la carta —la cual fue escrita fuera de los procedimientos legales— Aurelio Arizmendi solicitó la “valiosa intervención (de la SCJN) a fin de que en esa instancia se resuelvan mis asuntos apegados a la ley toda vez que en diversos expedientes, que parten de la misma mala defensa que me proporcionó el Ministerio Público al asignarme a personas morales como defensores públicos, no han notado dicha anomalía”.
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