/ martes 1 de junio de 2021

¿Es sabotaje?

A dos años y medio, el gobierno de la 4T sigue lidiando contra el desabasto de medicamentos sin lograr resolver el problema, pese al muy festejado acuerdo con la UNOPS que –según se dijo- acabaría con las prácticas de corrupción, concentración de mercado en unas cuentas empresas y sobreprecios en las compras gubernamentales de medicinas e insumos.

A pesar de que el desabasto ha golpeado fuertemente a toda la población, principalmente, a pacientes con cáncer, diabetes, hipertensión y VIH, el gobierno de la 4T niega que exista el problema e incluso asegura que es parte de una campaña de sabotaje en su contra. ¡Qué vayan a las clínicas y hospitales para ver si es o no cierto!

Cabe recordar que a mediados del año pasado, el gobierno mexicano formalizó con la UNOPS un acuerdo para la compra de medicamentos, insumos y materiales de curación, con el objetivo de garantizar el abasto y combatir la corrupción.

Sin embargo, el novedoso mecanismo ha tenido una pobre ejecución que todavía no ha dado resultados, por lo que legisladores de oposición alertan que representa un serio retroceso para las políticas públicas en materia de salud.

Asimismo, el Colectivo Cero Desabasto documenta el aumento de compras directas, compras de emergencia con sobreprecios y mayor opacidad, incluso, señala que la información de la UNOPS disponible es mucho más escueta e inconsistente que la que se publicaba en el portal de CompraNet y Compras IMSS hasta 2018.

A su vez, la organización Salud, Dinero y Corrupción documentó el caso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que compró 7,700 mascarillas N95 en 216 pesos cada una (10.2 dólares), casi 42% por ciencia del precio promedio al que siete países de América Latina comprar este mismo insumo.

Ante tal situación, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República señala que las reformas a la Ley de Adquisiciones aprobadas en agosto del año pasado no solo comprometieron y perjudicaron la competencia para la adquisición de medicamentos, sino que entorpecieron la estrategia de abasto y suministro de recetas, lo que representa un grave retroceso en la atención médica de los mexicanos.

Solicitan a la SHyCP, a la Secretaría de Salud y a Cofepris informar sobre las compras de medicamentos, dar a conocer el nombre de empresas distribuidoras registradas y detallar cómo se lleva a cabo el proceso de selección de las empresas que sustituyeron a las empresas nacionales.

A dos años y medio, el gobierno de la 4T sigue lidiando contra el desabasto de medicamentos sin lograr resolver el problema, pese al muy festejado acuerdo con la UNOPS que –según se dijo- acabaría con las prácticas de corrupción, concentración de mercado en unas cuentas empresas y sobreprecios en las compras gubernamentales de medicinas e insumos.

A pesar de que el desabasto ha golpeado fuertemente a toda la población, principalmente, a pacientes con cáncer, diabetes, hipertensión y VIH, el gobierno de la 4T niega que exista el problema e incluso asegura que es parte de una campaña de sabotaje en su contra. ¡Qué vayan a las clínicas y hospitales para ver si es o no cierto!

Cabe recordar que a mediados del año pasado, el gobierno mexicano formalizó con la UNOPS un acuerdo para la compra de medicamentos, insumos y materiales de curación, con el objetivo de garantizar el abasto y combatir la corrupción.

Sin embargo, el novedoso mecanismo ha tenido una pobre ejecución que todavía no ha dado resultados, por lo que legisladores de oposición alertan que representa un serio retroceso para las políticas públicas en materia de salud.

Asimismo, el Colectivo Cero Desabasto documenta el aumento de compras directas, compras de emergencia con sobreprecios y mayor opacidad, incluso, señala que la información de la UNOPS disponible es mucho más escueta e inconsistente que la que se publicaba en el portal de CompraNet y Compras IMSS hasta 2018.

A su vez, la organización Salud, Dinero y Corrupción documentó el caso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que compró 7,700 mascarillas N95 en 216 pesos cada una (10.2 dólares), casi 42% por ciencia del precio promedio al que siete países de América Latina comprar este mismo insumo.

Ante tal situación, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República señala que las reformas a la Ley de Adquisiciones aprobadas en agosto del año pasado no solo comprometieron y perjudicaron la competencia para la adquisición de medicamentos, sino que entorpecieron la estrategia de abasto y suministro de recetas, lo que representa un grave retroceso en la atención médica de los mexicanos.

Solicitan a la SHyCP, a la Secretaría de Salud y a Cofepris informar sobre las compras de medicamentos, dar a conocer el nombre de empresas distribuidoras registradas y detallar cómo se lleva a cabo el proceso de selección de las empresas que sustituyeron a las empresas nacionales.

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