Por Edgar F. Garza Ancira
Consejero de empresas y consorcios de carácter multinacional, así como Fundador de la asociación civil Dime y Juntos lo Hacemos
El nuevo cierre de actividades comerciales emitida en diciembre pasado ante el aumento de contagios registrados en la ciudad de México y el Estado de México, encendieron nuevamente los focos rojos en un sector muy afectado como lo es el de los restaurantes, donde se indica que 8 de cada 10 se encuentran al borde de la quiebra siendo que son parte esencial de la economía del país.
La industria restaurantera generaba a nivel nacional 5.6 millones de empleos y tan solo en diciembre pasado habrían cerrado definitivamente 13,500 establecimientos y 122,000 a nivel nacional, la pérdida de 450,000 empleos directos e indirectos que impactan a millones de familias y provocan pérdidas millonarias en el sector.
Es tal la situación por la que atraviesan tanto grandes cadenas como pequeños establecimientos, ya que agotaron sus ahorros al adecuar los establecimientos a las medidas sanitarias y de protección que les establecieron para sus trabajadores, colaboradores, proveedores, además de tener que pagar impuestos y servicios, gastos que junto con los cierres son condiciones insostenibles.
Los niveles de venta de los restaurantes del país antes del nuevo cierre apenas alcanzaron 25% de los ingresos que tuvieron en el mismo periodo de 2019. Para no tener pérdidas, se calcula que las ventas deberían ser por lo menos del 60%.
Las condiciones actuales de operación limitan a la industria restaurantera a solo entregas a domicilio y ventas para llevar sin recibir clientes de manera reducida y con todas las medidas sanitarias en los establecimientos, ha alentado la realización de reuniones, eventos privados y la venta informal y el comercio de comida ambulante que representa una tercera parte de la venta de comida que se realiza a través de puestos fijos, semifijos y eventuales que no contribuyen a la economía formal y siendo los lugares donde se considera que hay mayor riesgo de contagios, dadas las carentes medidas sanitarias.
Por ello, la economía formal de alimentos preparados se encuentra a punto del colapso y pareciera se privilegia las actividades informales. Se requiere proteger la economía y la salud de forma equilibrada y no abonar aún más a la crisis económica que está padeciendo este sector.
La situación de meseros, garroteros, cocineros, empleados de limpieza y hasta de seguridad, que están percibiendo un mínimo ingreso o no lo perciben debido a problemas con su estatus laboral y mantienen en situación precaria a sus familias, puede llegar a convertirse en un enorme problema social.
En diciembre el Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha un programa para apoyar a 100 mil empleados del sector restaurantero dado el cierre de negocios, mediante un pago único de 2 mil 200 pesos que sería depositado desde el 4 de enero. El problema radica en que miles de ellos no tienen su domicilio en la ciudad, por ende, no pueden acceder al apoyo, por lo que insistimos en que la mejor manera de apoyar el ingreso de estos empleados y sus familias, es la reapertura de sus fuentes de trabajo siguiendo todos los protocolos sanitarios.
