Los más de 300 intérpretes de diversas lenguas indígenas que prestan sus servicios a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Consejo de la Judicatura Federal reiteran su demanda, que estas instituciones les paguen el adeudo que tienen con ellos.
Así como la continuación de las intervenciones por los intérpretes en lenguas indígenas para la atención del Convenio vigente con el Consejo de la Judicatura Federal, además, rechazan que los pagos se hagan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En entrevista con La Prensa, Fausto de Jesús González, presidente de los Traductores, Intérpretes, Interculturales, Traductores de la Lengua Indígena (OTIGLI) declaró que también exigen los correctos procedimientos para la atención a los integrantes de los pueblos indígenas sujetos a procesos judiciales.
Pues afirma que por la falta de pago a intérpretes aproximadamente “7 mil indígenas no han tenido juicios justos”.
Asimismo, solicitan que se garantice la asistencia de los intérpretes traductores sustentado en el artículo segundo constitucional, Apartado A, fracción octava de la CPEUM, además del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013, mismas que el Consejo de la Judicatura Federal ha omitido cuando no prioriza en solucionar las demandas de los intérpretes traductores en lenguas indígenas.
De Jesús González aseguró que Constitucionalmente está establecido que los indígenas hablantes de lenguas originarias, que enfrentan juicios, deben tener traductores. Sin embargo, se calcula que en el país poco más 80 por ciento de ellos no tienen ese beneficio.
Afirmó que Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, “pero al parecer por falta de recursos no están haciendo ese trabajo”.
De acuerdo al dirigente de los intérpretes, los adeudos se relacionan con pagos de honorarios y viáticos de los años 2018, 2019 y 2020.
De ahí que la OTIGLI llamó nuevamente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a saldar las deudas que tiene con ellos por los servicios prestados en la materia.
Proponen un convenio marco
Fausto de Jesús se pronunció por el establecimiento de un “convenio marco” para saldar las deudas y “detonar presupuesto transversal Indigena” que permita financiar la actividad que realizan los integrantes de la OTIGLI en juicios en que están involucrados indígenas monolingües, los cuales requieren de un traductor e intérprete.
Recordó que han realizado manifestaciones a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de Palacio Nacional. “Por sólo medio nos atiende el área de atención ciudadana, porque nos hemos ido a parar afuera de la SCJN, pero no hay solución.
El intérprete indígena resaltó que además de los adeudos, se han realizado otras peticiones que hasta la fecha la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal, “no han aceptado revisar de manera conjunta a pesar de las diversas solicitudes”.
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Manifestó que la OTIGLI tiene “convenio de colaboración vigente con el Consejo de la Judicatura Federal, desde el año 2005.
En el seguimiento de esta petición y atención a la población indígena por el Consejo de la Judicatura Federal, llamaron a Daniel Álvarez Toledo, Coordinador de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que retome las reuniones con los integrantes de los pueblos indígenas para solucionar el tema de los adeudos del Consejo de la Judicatura Federal a los intérpretes traductores en lenguas indígenas.
Hizo hincapié que los traductores e intérpretes indígenas son tratados como profesionales de segundo o tercer nivel.
Insistió que “el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía de la CDMX no quieren solventar una deuda que tienen con ellos desde el 2018, en la pandemia, no descansaron y muchos se contagiaron y enfermaron e hicieron gastos, y ahora no quieren solventar los trabajos que hicieron”.
También convocó a Rebeca Saucedo López, Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, del Consejo de la Judicatura Federal para que en corresponsabilidad se atiendan el tema de los adeudos y sus demandas.
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