De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), la Junta Especial Número 10 cometió un acto ilegal al emitir una vez más un proyecto de laudo que hace responsable a esta organización gremial, por el pago de aproximadamente 54 millones de dólares correspondientes a la repartición de acciones en el proceso de privatización de la mina de Cananea, ubicada en el estado de Sonora.
El sindicato minero condena la complicidad y el abuso de poder de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y llama a los trabajadores a no caer en provocaciones ni en la desinformación deliberadamente generada para dañar su movimiento.
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El sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia asegura que ese laudo ignora de manera arbitraria el amparo directo (DT 912/2018) concedido al sindicato de mineros en abril de 2021.
Al no ser cosa juzgada, el proyecto no se puede ejecutar, contrario a lo que han reportado algunos medios de comunicación cuyo fin es desinformar y dañar la imagen de la organización y del secretario general, el senador Napoleón Gómez Urrutia, aseguran.
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El sindicato minero cuestiona las intenciones de la JFCA y de la STPS, puesto que sus acciones sugieren que buscan anteponer los intereses de Grupo México a las necesidades de las y los mineros de Cananea.
Aseguran los mineros que no es la primera vez que dichas instituciones, motivadas por intereses políticos y corruptos, ignoran el sufrimiento de la clase trabajadora y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación.
Una vez más, afirmó, será el Poder Judicial de la Federación el que decida el fondo del asunto, como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
