El Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo, Alejandro Salafranca, presiona a los empresarios de Americas Gold and Silver para imponer a Napoleón Gómez Urrutia como representante de los trabajadores en la mina San Rafael, en Cosalá, parada de manera ilegal e injustamente desde el 26 de enero de 2020 por golpeadores al servicio de Napo.
Así lo denunció el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, al remarcar que esa intromisión es un acto violatorio al estado de derecho y a la autonomía sindical”.
“Hoy la STPS de la mano de Alejandro Salfranca, viola por completo la Ley del Federal del Trabajo, y los acuerdos internacionales pactados en el TMEC al interferir y tratar de imponer a fuerza de intimidación a un líder sindical ligado a sus intereses partidistas”.
Por ello, el dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, Carlos Pavón Campos, llamó a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, para que no sólo corrija, sino que destituya a dicho funcionario por violar, a nombre de la dependencia a su cargo, la recién reformada Ley del Trabajo, misma que supuestamente garantiza la libertad sindical y la no intromisión de las autoridades en temas sindicales.
Carlos Pavón, -cuya organización sindical disputa la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en aquella mina-, acusó que en un acto que nada ha beneficiado a los trabajadores de aquella zona, golpeadores encabezados por Yasser Beltrán cerraron la mina ilegal e injustamente, es por ello que existen 16 denuncias penales por despojo y otros delitos.
Explicó que, desde enero de 2020, la mina –cuya concesionaria es Americas Gold and Silver--ha sido saqueada y devastada por este grupo que se hacen pasar por mineros.
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Así, a un año y tres meses de parar operaciones por motivos que nada tienen que ver con cuestiones laborales, cientos de trabajadores han perdido su empleo dejando sin sustento a sus familias.
Pavón Campos afirmó que “ni la empresa ni nuestro sindicado y mucho menos los trabajadores han tenido que ver en el cierre de la mina, ese es un acto ilegal a todas luces por parte de esos golpeadores, y del que Napo busca un beneficio propio en todos los aspectos, desde el transporte a la mina, en todo”.
El también diputado federal anunció que por estos hechos ilegales, el FRENTE tiene en su poder un amparo por las irregularidades ocurridas durante el recuento por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.
Sin importar estos antecedentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), máxima autoridad laboral en el país, en un acto de abuso de poder ha rebasado sus funciones intentando persuadir y manipular de mala fe a la empresa y al FRENTE para que desistan de sus denuncias.
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