Los integrantes de la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, Carlos Joaquín Fernández Tinoco y Royfid Torres González, solicitaron a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ordene a quien corresponda sean liquidados los adeudos a las empresas constructoras, supervisoras, demoledoras y proyectistas, que desde el año 2019 y a la fecha participan como proveedores del Programa de Reconstrucción.
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En el uso de la tribuna, el legislador Fernández Tinoco comentó que, después del sismo de 2017, a diciembre del año pasado la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México reporta cinco mil 101 inmuebles multifamiliares (departamentos en edificios) en estatus de obra, proceso administrativo o por iniciar, es decir, el 46 por ciento del total de viviendas multifamiliares sigue esperando regresar a su hogar, pero ellos no son los únicos afectados por la ineficiencia de esta instancia.
“Aún hay miles de familias que viven en la zozobra y la incertidumbre de perder su patrimonio o de poder regresar a sus casas, debido a que sus procesos para reconstrucción se encuentran estancados por la inoperancia administrativa de la Comisión para la Reconstrucción, pero también por su incapacidad para generar acuerdos en los proyectos de obra y hasta el incumplimiento de pago a las empresas constructoras, quienes hoy nos acompañan en el pleno del Congreso”, dijo.
Deuda en la construcción
Al leer una carta firmada por más de 30 micro y medianas empresas de la construcción, quienes desde el 2019 y a la fecha participan como proveedores del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México, el emecista señaló que las obras fueron asignadas a cada uno por contrato, mismas que, en todos los casos, han sido ejecutadas con éxito y entregadas en apego a las cláusulas contractuales, pero, en muchos casos se les adeuda hasta el 80 por ciento de la inversión realizada.
La falta de pago, que en algunos casos data desde hace 3 años, llevó a los afectados a solicitar respuesta inmediata a la Comisionada para la Reconstrucción capitalina, maestra Jabnely Maldonado Meza, sin éxito alguno, pues afecta el ingreso de profesionales de la construcción tales como oficiales de obra, albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, herreros, entre otros; de empresas proveedoras de todos los materiales e insumos y profesionales independientes como Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural y sus familias.
“La responsabilidad económica que han adquirido estas empresas los obligó a solicitar créditos de todo tipo, para poder financiar tanto los trabajos contratados por la Comisión de la Reconstrucción, como pagos relativos a impuestos, cuotas del IMSS e INFONAVIT, que como es sabido, deben aplicarse en forma y de manera obligada en fechas límite”, añadió.
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Falta de capacidad administrativa
El representante por Azcapotzalco sostuvo que la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX ha mostrado falta de capacidad administrativa, ya que sus funcionarios solicitan requisitos como un programa de protección civil avalado por un tercero acreditado en la materia, lo que carece de lógica dado que ningún perito va a firmar de forma extemporánea un programa de una obra que se terminó hace meses o años (documentos solicitados fuera de tiempos), no incluidos en anexos o fuera de contrato.
El legislador añadió que otra anomalía que reportan los constructores es la versión por parte de la Comisión de Reconstrucción de que los pagos se detuvieron por una auditoría que se llevó a cabo, pese a que el ente público refiere que todo está bien; sin embargo, el saldo de los adeudos con estas empresas continúa.
“Dicha auditoría de ninguna forma se encuentra prevista en los contratos celebrados por las promoventes, como una causal que impida el pago de los importes acordados, por ende, la Comisión además de no pagar los adeudos principales, también está obligada a pagar las actualizaciones financieras que correspondan conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México, lo que, desde luego, afectará las arcas del Gobierno de la Ciudad de México, por la negligencia de los funcionarios de la Comisión”, indicó.
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Empresarios ponen de su bolsillo
Por su parte los empresarios señalaron en conferencia de prensa previa que no dudaron en participar en el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México y cuando se les solicitó, pusieron, incluso, recursos propios para alcanzar los objetivos trazados por el gobierno capitalino, iniciando las labores incluso sin anticipo, a petición de los propios funcionarios de la Comisión, confiando en el pago de los adeudos, pero ya pasaron más de dos años sin recibir respuesta satisfactoria.
“Este problema afecta de manera directa a las familias que siguen en estado de vulnerabilidad esperando sus viviendas, ya que la Comisión para la Reconstrucción argumenta que las empresas somos las culpables del atraso del programa, cuando la ciudadanía sabe que ellos son responsables al seleccionar a las empresas constructoras y supervisoras”, sostuvo el arquitecto Aldo Pérez.
En la reunión de medios también estuvieron presentes damnificados como Sandra Martínez, del predio ubicado en Río Nazas 169, alcaldía Cuauhtémoc; Patricia Aguilar Vega, afectada de calle Bertha 111, en Benito Juárez y Norma Elena Rodríguez, del predio Baja California 107, quienes tienen detenidos sus proyectos por falta de pagos a proveedores. Acompañaron a los peticionarios Daniela Alvarez Camacho, vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y Silvia Sánchez Barrios.
El punto de acuerdo fue modificado a petición de la diputada Esperanza Villalobos para ser dirigido a la Secretaría de Finanzas para el mismo fin. Fue votado a favor en el pleno.
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