Hasta el 15 de septiembre de 2022, la Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de México atendió un total de 412 peticiones (quejas), de las cuales 368 fueron concluidas y sólo 37 continúan en trámite y 6 se encuentran en etapa de determinación, de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México.
El organismo resaltó que a cinco años de acaecidos los sismos de septiembre de 2017 se mantiene firme en su compromiso social al brindar acompañamiento, asistencia, asesoría y reivindicación permanente de los derechos humanos de las personas damnificadas.
Con ese fin, ha participado en distintos procesos de atención para contribuir a la consolidación de la reconstrucción.
De forma paralela, esta Comisión ha dado seguimiento puntual al avance del proceso reconstructivo, integralmente considerado, a partir de 40 distintos indicadores agrupados en tres categorías: estructurales, de proceso y de resultado, elaborados en razón de las diferentes problemáticas identificadas en el año 2019, en el Informe especial “El estado que guarda la garantía de los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en capital”.
La CDHCM comentó que de los 40 indicadores sujetos a seguimiento: 18 se ubican con avance adecuado (4, estructurales; 4 de proceso y 10 de resultado), por haber dispuesto de información precisa y suficiente para demostrar que la problemática pública se atendió con enfoque de derechos humanos.
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Citó que 15 presentan avance aceptable (3 estructurales; 5 de proceso y 7 de resultado), pues de la información disponible es posible determinar que la acción pública aportó resultados positivos; y 7 indicadores se encuentran con avance preliminar (3 estructurales, 1 de proceso y 3 de resultado), por no disponer de información o ser ésta insuficiente para valorar su nivel de cumplimiento.
La CDHCM resaltó que continuará atenta al avance del proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, siempre bajo la inexorable perspectiva de derechos humanos, observando los principios de atención integral, eficiencia, eficacia, transparencia y empatía para con las personas damnificadas, ubicándolas invariablemente en el centro de la acción pública, con miras a garantizar, en el menor tiempo posible, el retorno seguro a sus viviendas y comunidades.
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