El asesor y representante legal de la familia de Yaretzi Adriana Hernández, fallecida el pasado 7 de enero, junto con otros afectados por el accidente de la Línea 3 del Metro, Cristopher Estupiñán, rechaza el resultado de la investigación de la Fiscalía General de Justicia, que concluye que lo ocurrido fue por la quema y corte doloso de cables, además de la conducción negligente del tren número 24, ya que no se respetaron las medidas de seguridad establecidas.
“No aceptamos que se quiera fincar toda la responsabilidad al conductor y a un supuesto sabotaje, cuando en las declaraciones previas quedó demostrado que existían problemas en la comunicación, señalización y pilotaje automático que no fueron atendidos a tiempo y a pesar de ellos se permitió la prestación del servicio, asumiendo el riesgo de una tragedia.
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“Con ello, queda demostrado que el Sistema de Transporte Colectivo no tiene el debido control interno para garantizar la seguridad de los usuarios ni en su mantenimiento, ni en la posibilidad de evitar unos supuesto sabotaje, ni la negligencia humana, por lo que exigimos que el Metro asuma su responsabilidad y dé la cara a los afectados”, argumentó Estupiñán.
Estupiñan señala que son varias las deficiencias en la investigación que no responden preguntas como ¿qué hacia el vagón que estaba detenido?, ¿por qué no se comunicó el Puesto Central de Control con el tren 24 para avisarle que el tren 23 estaba parado en una zona de baja visibilidad?, ¿por qué se permitió la operación de la línea a pesar de que no se podía garantizar su seguridad?
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Por ello, se oponen rotundamente a la explicación ofrecida por la FGJ y a su informe que, de manera descarada, culpa a un trabajador de la tragedia que acabó con la vida de una joven estudiante y dejó 106 heridos, dejando vergonzosamente sin ninguna responsabilidad al Metro.
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Además, el abogado enfatizó que como pasó con el caso de la Línea 12, otra vez “se están vulnerando los derechos humanos de los afectados durante la investigación del accidente, porque una vez más ejercieron acción penal contra un imputado sin darnos acceso a la carpeta de investigación ni hacernos partícipes de la investigación, imponiendo a un culpable”.
Por todo ello, los afectados piden que los responsables del Sistema de Transporte Colectivo den la cara y asuman sus obligaciones.
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