Pena de cárcel de uno a cinco años para los responsables en la capital del país de muerte por bullying, será analizado en comisiones del Congreso de la Ciudad de México, ante la iniciativa dirigida a reformar, para tal efecto, el Código Penal local.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del recinto de Donceles y Allende, el morenista Nazario Norberto Sánchez, al fundamentar su propuesta delineó que debido a que el acoso no es un juego, ni una manera de fortalecer el carácter infantil, sino un atentado contra la integridad psicológica y física de una niña, niño o adolescente, es preciso agravar las sanciones a quienes lo realicen y también a quien indiferentemente lo permita.
Al explicar en entrevista su iniciativa dirigida a frenar el bullying escolar, principalmente, dio cuenta que de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, siete de cada 10 niños de 12 a 17 años han reportado en los últimos cinco años haber recibido insultos y burlas.
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Un tercio, es decir el 36 por ciento, señala haber sido víctima de amenazas o empujones, al tiempo que uno de cada 10 adolescentes ha sido víctima de acoso en la escuela, con base a la encuesta nacional de discriminación.
El congresista de la bancada de Morena expuso que con base a testimonios e investigaciones realizadas en México, la edad más vulnerable para ser víctima de bullying o acoso escolar, se presenta entre los 10 y los 14 años.
Mientras tanto, los factores para detectar el acoso escolar es la baja autoestima, la sensación de rechazo social, aislamiento o sentir que no puede librarse de una situación violenta, lo cual provoca ausentismo escolar, bajo rendimiento académico, ansiedad, trastorno del sueño y depresión.
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Nazario Norberto explicó que la propuesta tiene como propósito adicionar un articulo 158 TER al Código Penal para la Ciudad de México, a fin de sancionar a quien abandone, no atienda o ignore a una persona menor de edad o incapaz que sufra permanente o continuamente de acoso escolar, teniendo la obligación de cuidarla, y que derivado de ello la víctima pierda la vida o sea lesionada, supuesto que se propone se imponga una pena de uno a cinco años de prisión.
Refirió que además, se trata de establecer una agravante hasta de una tercera parte, cuando la conducta sea cometida por los ascendientes o tutores de los menores de edad que estén bajo su potestad o custodia, toda vez que estas personas se convierten en el primer eslabón hacia un cambio más profundo.
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Consideró fundamental crear estrategias que coadyuven a abatir esta situación, dentro y fuera de las escuelas, tomando en cuenta que la labor de los padres, familiares, maestras y maestros es fundamental y una corresponsabilidad para mantener un control y cuidado sobre nuestros hijos.
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