El basurero de Chimalhuacán, afectado por un incendio desde el pasado 28 de mayo, sin que el fuego esté apagado en su totalidad, fue clausurado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.
La medida se tomó debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos urbanos, además de no contar con las autorizaciones en materia ambiental.
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La decisión de cerrarlo, que de acuerdo con el gobierno municipal será temporal, también obedeció a que las autoridades locales no han podido combatir al 100 por ciento el incendio.
El tiradero Escalerillas fue objeto de una diligencia realizada por el procurador del medio ambiente, Luis Eduardo Gómez García, en coordinación con autoridades municipales. Ahí, inspectores de la Propaem supervisaron las condiciones del relleno sanitario.
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El personal de la dependencia estatal dictó como medidas correctivas la inmediata realización de trabajos para controlar y extinguir el incendio, aplicar las medidas necesarias para cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
Estas medidas están relacionadas con la conducción, captación y desazolve de lixiviados generados, recubrimiento, vermas y geomembrana en el relleno sanitario, además de obtener su autorización en materia de impacto ambiental y no disponer de los residuos sólidos urbanos".
Durante el acto de clausura, la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, expresó que se trabajará en las medidas correctivas dictadas con la mejor disposición, y estimó que las labores de saneamiento en el tiradero tomarán mínimo un año. "Son temas muy delicados, el basurero, que opera desde 2013, ya se había salido de control”, dijo.
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Luis Eduardo Gómez García mencionó que estas medidas tienen la finalidad de evitar el deterioro ambiental en la zona en cuestión.
Aseveró que con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, a través de la Propaem, continúa trabajando para garantizar el derecho de todos los mexiquenses a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable al Estado de México.
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