La llegada de Ulises Lara López como coordinador general de investigación territorial de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, que lo convierte en encargado de despacho de ese órgano autónomo ante la salida de Ernestina Godoy Ramos, resulta preocupante por la cercanía que tiene con la familia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, afirmó la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, al exponer que se incurrió en una falta al nombrar a esa persona como responsable debido a que debe tener cédula profesional de abogado.
Una vez que Godoy Ramos, antes de dejar la titularidad de la FGJ le dio el nombramiento a Lara López, la diputación panista le solicitó a éste dejar atrás las rencillas políticas y no ser subordinado de la administración de la capital del país y de Morena, sin embargo consideró se debería reconsiderar el nombramiento porque la persona asignada no cumple con los requisitos.
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A decir del diputado panista Diego Orlando Garrido López, Ulises Lara no puede pasar de vocero de la FGJ a encargado de despacho, debido a que la Constitución es muy clara y establece que quien dirija la fiscalía debe ser licenciado en derecho y por tanto no puede asumir las funciones.
Insistió que la ley es muy clara y si se determina que Ulises Lara sea designado sin cumplir los requisitos, pone en riesgo todas las decisiones de la FGJ, porque cualquier acto que se genere en estas circunstancias podría ser invalidado.
Resulta que el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece que “la persona titular de la fiscalía será suplida en ausencias o faltas temporales por la persona titular de la Coordinación General de Investigación Territorial, y a falta de ésta, por las personas servidoras públicas en los términos que disponga el Reglamento de esta Ley. En caso de ausencia definitiva la persona que funja como suplente notificará al Congreso de la Ciudad de México para que proceda conforme a lo dispuesto en el texto constitucional”.
Pero no establece los mismos requisitos para coordinadores y encargados de otras áreas, que pueden ser nombrados libremente por el titular de la fiscalía.
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En su momento, el integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del recinto de Donceles y Allende, Aníbal Cañez Morales, de la bancada de Acción Nacional, urgió al Consejo Judicial Ciudadano para realizar de manera inmediata la convocatoria para elegir a la persona que deberá estar al frente de la Fiscalía en los siguientes cuatro años, a la vez que estableció que la ex responsable de la FGJ no incluyó en su último informe la investigación relativa al accidente en un tramo de la Línea 12 del Metro.
Para ese diputado blanquiazul “a Godoy no se le ratificó porque está subordinada a Morena y al gobierno local, ahora con Ulises Lara como encargado de despacho y con vínculos familiares con Batres, definitivamente, no abonan a los principios que deben regir la función de la fiscalía”.
Mientras tanto, el coordinador de la diputación local del PAN, Federico Döring Casar, le recordó a Ernestina Godoy, quien deja la FGJ, que durante su IV y último informe no abundó el tema de la impunidad que le otorgó a la ex directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, por la desgracia de la Línea 12 en Tláhuac, que dejó 26 muertes por la negligencia de la gestión de Sheinbaum.
Dijo que es de lamentar que Godoy Ramos no haya destacado en su informe, avances en las investigaciones que den cárcel a los funcionarios responsables por el fallecimiento de dos hermanas por la falta de una tapa en una coladera en Iztacalco.
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“No habló acerca de las mujeres que reclaman justicia por algún abuso sexual o agresión física, ni de los funcionarios que han ejercido violaciones a los derechos humanos, eso ocurre porque la Fiscalía siempre estuvo sometida al gobierno de Morena y eso se traduce en subestimar a la mujer y proteger a los funcionarios de la 4T”, declaró Döring Casar.
A su vez, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, expuso que, desde San Lázaro, habrá una estricta fiscalización de los recursos ejercidos durante toda gestión de Godoy, principalmente, el 2023, año en que comenzó la persecución política, la fabricación de delitos y el espionaje hacia opositores al régimen de Sheinbaum.
“Godoy se va por la puerta trasera y con la sombra de la corrupción que el gobierno de López Obrador y de Sheinbaum instauraron en el país, así como en la Ciudad de México. Su mayor problema fue tapar el robo masivo en el Black Wallstreet Capital, donde sus mandos robaron dinero durante un cateo. Vamos a investigar en qué se ha gastado el dinero Godoy”, precisó.
El secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, aludió que ahora con Ulises Lara al frente de la FGJ, se extiende el patrimonio de la familia Batres, porque el funcionario del órgano autónomo es su cuñado y eso le da poder al jefe de gobierno e incluso, para encarcelar a militantes de Morena en la ciudad que no simpatizan con el grupo Iztapalapa.
“Ulises Lara estará en la mira en su forma de actuar, esperamos que haya objetividad y sus cotidianas conferencias de prensa, sean para conocer las caras de los responsables de la muerte de 26 personas por la Línea 12 o de las hermanas que murieron en Iztacalco”, remató.
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