La propuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de fomentar la llegada de nómadas digitales a la metrópoli, ha generado molestia entre sectores sociales e incluso al interior de Morena, en especial la bancada de ese partido en el Congreso capitalino, porque entre otras cosas, generará incremento de renta y de servicios en algunas zonas, lo que va en detrimento de los habitantes de la urbe.
Una vez que se formalizó el convenio con Airbnb para realizar una campaña para atraer a lo que se denomina el turismo creativo, el congresista morenista Temístocles Villanueva Ramos rechazó la idea.
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En entrevista, el legislador aseguró que se provocará acelerar el proceso de desplazamiento de los habitantes originarios, sobre todo en el centro de la ciudad, por turistas con alto poder adquisitivo, que disparan los precios de servicios y arrendamiento, que además vienen a trabajar y no se dan de alta como tal.
Dejó en claro que no se opone a la migración, sino a la gentrificación, al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado, porque en la Ciudad de México se ha trabajado mucho por hacerla de derechos.
“Me opongo rotundamente, esta no es la ciudad de derechos que tanto trabajo nos ha costado construir”, declaró.
Expuso que los denominados nómadas digitales son fenómenos que sin la regulación adecuada provocan el incremento acelerado en el precio de las rentas y hay una amplia población que vive en el centro de la metrópoli y no tiene el poder adquisitivo para enfrentar las tarifas.
“La vivienda es un derecho, no un privilegio”, precisó y advirtió que ya no se trata de las colonias Condesa y Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, sino de las zonas del centro de la capital del país, donde hay población originaria que ahí habita desde hace muchas décadas y que corre el riesgo de ser desplazada.
Pueblos Originarios se suman al rechazo de “la ciudad mercancía”
Resulta que la molestia se extendió también a organizaciones civiles, que acusan que se mercantiliza a la ciudad.
Al respecto, integrantes del Frente por los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac y Encuentro de Barrios, Pueblos y Colonias por la Defensa del Territorio de la Ciudad de México, llamaron a marchar del metro Zapata a las instalaciones del Instituto de Planeación para protestar en contra de "la ciudad mercancía".
Señalaron que la propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo del gobierno de la Ciudad de México, pretende eliminar 30 mil hectáreas de suelo de conservación.
A principios de diciembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a autoridades capitalinas información en torno al convenio para la promoción del turismo digital o nómada en la metrópoli, ante el hecho de que la llegada de personas extranjeras que trabajan a distancia y tienen mayores ingresos que los ciudadanos de la urbe, provoca se incrementen los precios de renta y venta de la vivienda.
Fue a propuesta del coordinador de la asociación parlamentaria Ciudadana del Poder Legislativo local, Royfid Torres González, que legisladores de todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo que esa situación sea analizada por el propio gobierno para evitar el encarecimiento de bienes y servicios.
Al explicar el punto de acuerdo que presentó en conjunto con la diputada priista Silvia Sánchez Barrios y Temístocles Villanueva Ramos, el legislador de Movimiento Ciudadano expuso que se trata de que distintas autoridades den a conocer información al respecto a los integrantes de la II legislatura del Congreso, además de que se establezcan mesas de trabajo para obtener los mejores beneficios hacia los habitantes.
“En semanas recientes, a raíz del convenio firmado entre el gobierno de la ciudad, la Unesco y Airbnb para promover el turismo digital se ha detonado una conversación social sobre un fenómeno que desde hace muchos años hemos vivido pero que, a partir de la pandemia aumentó de forma clara: la gentrificación”, delineó.
Se trata, dijo, de un concepto usado desde hace más de una década para describir y problematizar un proceso de ocupación de las ciudades, es caracterizado por un encarecimiento de la zona, porque los denominados nómadas digitales, en su mayoría personas de países con sueldos muy superiores a la media salarial en México, están dispuestos a pagar precios significativamente más elevados por vivienda y otros servicios.
Reconoció que hay voces de distintos organismos y activistas en favor del derecho a la vivienda, por lo que solicitó a Diana Alarcón González, titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del gobierno capitalino y a la responsable de la Secretaría de Turismo, Nathalie Veronique Desplas Puel, rindan un informe detallado sobre el diagnóstico por el cual se decidió firmar el convenio de colaboración para hacer de la ciudad la capital del turismo creativo de América Latina y el mundo.
“El acceso a la vivienda ha sido una problemática cada vez más profunda en la ciudad, eso nos obliga a legislar y replantear las normas para hacer de este un derecho y no un negocio o privilegio de pocos”, insistió.
Asegura PAN que advirtió sobre efectos nocivos de nómadas digitales
Por parte de la bancada del PAN en el Poder Legislativo local, se mantiene el compromiso de promover en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1° de febrero, el regular a los denominados nómadas digitales, porque han causado un incremento en el costo de bienes y servicios en determinadas zonas de la capital del país, como es en las colonias Condesa y Roma, con un aumento superior al cien por ciento en las rentas de inmuebles.
Panistas aclararon que la virtual regulación de plataformas para alojamientos de turistas en la urbe, debe pasar por el Legislativo, motivo por el cual los congresistas tienen que ser convocados a las mesas de trabajo que el gobierno citadino llevará a cabo con empresarios, restauranteros y hoteleros de zonas turísticas.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público en el recinto de Donceles y Allende, la legisladora de Acción Nacional Gabriela Salido Magos, aclaró que el partido lleva meses advirtiéndole a Claudia Sheinbaum sobre los excesos y efectos nocivos en torno a la depreciación de la calidad de vida por medio de Airbnb y los nómadas digitales que han encarecido las rentas en la capital.
Mientras, el vicecoordinador del PAN y presidente en funciones de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso, Federico Döring Casar, sostuvo que los panistas darán la batalla para que los diputados locales sean tomados en cuenta en la regulación del Airbnb, que sí ha hecho daño en la economía de los capitalinos, al encarecer la renta y servicios, particularmente.
Los legisladores delinearon que el instituto político al que pertenecen, ha trabajado en dar apoyos a las personas que en estos años de pandemia se han visto limitados en recursos, sobre todo a sectores empresariales.
Para el responsable de la bancada panista, “las plataformas digitales también son parte de este proceso que debe tener apoyo, pero de una manera transparente y con base en reglas de operación”.
La posición de esos representantes populares es que no se debe seguir con los abusos, ni más depredación de la vida de los citadinos, más cuando la reactivación económica tiene que ser una política pública bien diseñada y no con ocurrencias.
Señalaron que esto ha provocado la gentrificación y ha cambiado los entornos urbanos en varias colonias de la metrópoli, con encarecimiento de las rentas y con un desplazamiento de quienes ofrecen cuartos o casas de manera sólida.
“Bien que ha reaccionado Sheinbaum en algo que no sólo el PAN, sino también Morena, por medio del diputado local Temístocles Villanueva, ha alzado la voz. Es momento de que el Congreso de la Ciudad de México intervenga en esto y sea un filtro que garantice la calidad de vida y minimice los impactos vecinales”, detalló Salido Magos.
Insistió que la regulación que promete la jefa de gobierno no puede ser una medida que arbitrariamente ella decida como las que ha venido poniendo y van en contra de la calidad de vida de los ciudadanos y del entorno urbano, con el pretexto de la supuesta reactivación económica.
Gentrificación, problemática ya vivida en grandes ciudades
Royfid Torres González, en su momento señaló que ante el encarecimiento del costo de la vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc y otras zonas de la Ciudad de México, se tiene que instalar, con la participación de funcionarios, una mesa de trabajo que permita conocer los pormenores de la firma de convenio entre el gobierno, la Unesco y Airbnb para promover el turismo digital.
Refirió que la gentrificación ha generado toda una problemática en algunas colonias de la capital, lo que limita las posibilidades de acceder a un derecho a la vivienda para los ciudadanos.
“Un convenio como este puede traer efectos positivos y derrama económica; sin embargo, en la medida en la que la inversión en vivienda siga siendo más un negocio que la posibilidad de garantizar este derecho a las personas, puede ser un problema, tenemos que reconocer que este fenómeno se traduce también en el desplazamiento de los pequeños negocios y de los habitantes originales de dichas colonias, que difícilmente pueden competir en ingresos con la llegada de inquilinos que encarecen el acceso a bienes y servicios”, precisó.
Expuso que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en 2018, el decil más pobre de la ciudad gastaba 42 por ciento de su ingreso en renta, pero en 2020 éste aumentó a 51 por ciento. Es decir, las y los capitalinos tienen que pagar cada vez más por una vivienda sin que los salarios tengan un incremento de manera proporcional.
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“Si bien un convenio como este tiene beneficios, lo hace específicamente con quienes tienen una vivienda o más, pues en la plataforma Inside Airbnb podemos ver que hay propietarios hasta con 100 espacios que han hecho un negocio que no se ha regulado”, comentó.
Torres González abundó que el fenómeno ya se ha hecho visible en otras ciudades del mundo, en el que se ha optado por establecer una serie de condiciones que permitan proteger el derecho a la vivienda adecuada de las y los ciudadanos, como en Barcelona, París, Amsterdam, Berlín, Londres, Nueva York, Tokio y Singapur.
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