Más de 11 mil 500 mil personas de la zona industrial Alce Blanco y sus alrededores, en el municipio de Naucalpan, se encuentran en peligro ante el riesgo latente por explosiones de dos estaciones de gas.
Así lo dieron a conocer habitantes de la zona, tras manifestar que han hecho numerosos reportes ante el gobierno de la alcaldesa Angélica Moya Marín, a quien le han solicitado ayuda para revisar si las instalaciones donde se despacha el combustible cumplen con la normativo en la materia.
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A través de la representación legal de los pobladores, se informó sobre las quejas presentadas contra las empresas Gas Tomza y UNIGAS, la cual, según denuncia de los habitantes, actúan en alianza una con la otra, para mantener la venta del energético, surtiendo incluso a unidades del transporte público concesionado (microbuses).
Las estaciones de gas se encuentran cerca del Periférico, en Avenida 16 de septiembre, números 101 y 822, Col. Alce Blanco.
Agregaron que, en caso de presentarse una tragedia, estaría en peligro la vida 11 mil 507 personas (entre ellas 2 mil 456 menores), más de 3 mil viviendas, 5 supermercados, 5 bancos, un hotel y 5 colonias, sin contar a los automovilistas, transeúntes o visitantes que se pudieran encontrar en la zona.
De acuerdo con las familias del lugar, cerca de donde se ubican estas instalaciones de combustible se localizan centros religiosos, educativos, unidades habitacionales, sitios de movilidad de personas y diversos centros de trabajo.
En los escritos ingresados a las oficinas de gobierno, los pobladores, a través de la representación legal, hacen constar que se ha pedido a la alcaldesa, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, su inmediata intervención.
Insistieron en que hay riesgos de que las estaciones provoquen una tragedia de grandes dimensiones.
En los documentos, de los cuales LA PRENSA tiene copia, se solicita una investigación profunda y transparente por parte de las autoridades municipales y estatales para verificar la existencia y legalidad del título, permiso o autorización para el expendio de gas.
También se demanda comprobar que la operación de dichas instalaciones de servicio cumplen con la normatividad vigente, pues dicen que existen indicios de que operan de forma irregular.
En las quejas se señala a una de las estaciones que despachan Gas Licuado de Petróleo, que cuenta con dos bombas despachadoras, con capacidad de abastecer a dos vehículos a la vez, y que dichas bombas se encuentran separadas por una longitud aproximada de 6 metros.
Esto, dijeron los habitantes, a todas luces es insuficiente para evitar una colisión entre vehículos pesados, además de que el terreno no cuenta con mantenimiento por el deterioro de instalaciones y hay el desgaste de las mangueras despachadoras.
Asimismo, indicaron que los establecimientos fungen como estacionamiento de los microbuses, mismos a los que prestan el servicio de venta de combustible.
En la relación de hechos del escrito, se señala que el pasado domingo 20 de agosto del año en curso, a mediodía se percibió un fuerte olor a gas y se realizó un primer reporte a las oficinas de Protección Civil del municipio.
Mencionaron, sin embargo, que no se atendió el asunto porque pasada las horas el olor al combustible seguía, situación que alarmó a todas las familias ante el peligro de que se registrará un trágico estallidos.
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Mencionaron que este tipo de omisiones también se puede tipificar como delito, sin dejar de citar el riesgo latente a la salud pública, derivado de las altas concentraciones de emisores de contaminación a raíz de la estrecha proximidad que tienen la ubicación física de los distribuidores de estos combustibles.
En los documentos enviados a la administración de la Angélica Moya Marín, los pobladores aseguran que las dos estaciones de gas incumplen con las normas oficiales mexicanas NOM-001-SESH-2014 (Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación.) y NOM-010-ASEA-2016 (Gas Natural Comprimido (GNC).
De igual forma, la unión de vecinos plasmó en sus quejas la verificación en el Atlas Nacional de Riesgos y se confirma la magnitud de un posible accidente, el cual podría extenderse y generar una explosión o incendio en cadena.
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