El gobierno municipal de Ecatepec reveló que descubrió una supuesta red de corrupción al interior del área de la Tesorería, donde se presume la participación de empleados sindicalizados, pero la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en ese municipio, María del Carmen Flores Ramírez, afirmó que la administración mantiene una embestida contra el gremio.
De acuerdo con el alcalde Fernando Vilchis Contreras, el daño causado a la hacienda pública por presuntas maniobras de esta red asciende a un millón 450 mil pesos, mediante traslados de dominios y otros documentos apócrifos.
Sin embargo, los empleados sindicalizados, luego de que el gobierno municipal boletinara esta información, a través de su dirigencia sindical, advirtieron que se trata de una maniobra del edil para continuar despidiendo a trabajadores del municipio.
Según Vilchis Contreras, los fraudes se cometían mediante la realización de cambios de nombre de titulares de diferentes predios, directamente del Sistema de Administración y Control Catastral Municipal.
Estas modificaciones, dijo, se llevaban a cabo sin contar con soporte documental y sin acreditar el pago de traslado de dominio. “Se detectó que estas irregularidades fueron realizadas principalmente por personal sindicalizado adscrito a los departamentos de Impuesto Predial, Traslado de Dominio y Catastro”, mencionó.
Pero María del Carmen Flores Ramírez manifestó que la administración municipal pretende continuar cesando a personal sindicalizado, por lo que anunció que llevará a cabo las defensas correspondientes en favor de los agremiados, que han sido atacados por el gobierno del alcalde morenista.
Luego de que el domingo pasado la dirigente de los empleados sindicalizados encabezó una megamarcha de trabajadores, en entrevista aseguró que existe un deliberado ataque a la clase laboral afiliada al sindicato y una constante represión del gobierno de Fernando Vilchis.
La movilización la llevaron a cabo por calles de la zona centro, justo a unos metros del palacio municipal, bajo el argumento de que la gestión del edil de Morena mantiene acoso laboral y despidos injustificados, que tan solo en la última semana suman 180 personas.
El nutrido contingente se concentró en la explanada central y marcharon por avenida Insurgentes hasta la Avenida Revolución, mejor conocida como “30-30”.
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Flores Ramírez hizo señalamientos, en el sentido de que el gobierno municipal está incumpliendo el convenio laboral, debido a que con las acusaciones que lanza viola el debido proceso para prescindir de los servicios de personal, quienes -dijo- llevaban laborando más de 30 años en el ayuntamiento.
La dirigente sindical advirtió “que se continuará apoyando a los agremiados frente a las embestidas del gobierno de Fernando Vilchis Contreras”, y dijo que no permitirá que éste continúe con las políticas de hostigamiento hacia los trabajadores.
Aseveró que con el respaldo de los empleados, si es necesario, volverán a tomar las calles, pues manifestó que “el personal sindicalizado lleva años en sus puestos laborales y no permitirán que por acusaciones sin fundamento se pretende continuar con el cese de los trabajadores”.
Detalló que previo al despido de estos últimos 180 empleados sindicalizados, las autoridades municipales les impidieron ingresar a sus sitios de trabajo, y de manera anticipada, en una franca acción de represión, el alcalde ordenó retirar las computadoras y sus herramientas de trabajo de las oficinas, bloqueando en todos sentidos la actividad de los trabajadores.
Reiteró que la administración de Fernando Vilchis Contreras, quien a partir del 1 de enero próximo comenzará un nuevo periodo de gobierno por otros tres años, luego de haberse lanzado por la reelección, no está respetando el convenio de relaciones laborales con el sindicato.
Flores Ramírez subrayó que hubo una abierta violación a los derechos de los sindicalizados. “Simplemente no siguieron el procedimiento, les dijeron que ya no son necesarios en el área y les impidieron el paso, sin dejarlos siquiera sacar sus pertenencias personales”, dijo.
Afirmó que en el área de la Tesorería fueron despedidas 16 personas, algunas de las cuales llevaban más de 30 años en sus puestos, y la administración local determinó sacarlas bajo el argumento de que participaban en la supuesta red de corrupción.
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Dijo que la demanda va en el sentido de que se reinstalen en sus cargos y que las autoridades municipales lleven a cabo, en todo caso, el procedimiento conforme a la ley.
De acuerdo con Fernando Vilchis Contreras, el desfalco por más de un millón 450 mil pesos se cometieron en una táctica de contubernio con los trabajadores del área de la Tesorería.
Aseguró que “utilizaron usuarios que en su momento les fueron otorgados con la única finalidad de ejercer correctamente su trabajo. Se detectó que realizaban modificaciones de valores catastrales con la finalidad de cobrar un importe menor al contribuyente por diferencias de construcción, así también con dichos movimientos se identificó que realizaron traslativa de dominio, así lograron apoderarse de manera ilegal de los diferentes predios”.
En información oficial, el edil detalló que detectaron certificaciones de impuesto predial, aportación de mejoras y clave y valor catastral falsas, trámites requeridos para el traslado de dominio, cuyos recibos de pago no cuentan con número de folio registrado en el Sistema de Administración y Control Catastral Municipal.
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