Escándalos hay en todo el país y en diversos niveles, producto del pasado o de la actual denominada Cuarta Transformación. Baja California Sur no es la excepción, estado aparentemente alejado de la grilla nacional y en donde abogados y políticos confían que con el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya una limpia de corruptelas añejas en el Poder Judicial. La afirmación en boca de la mayoría es que servidores públicos incumplen con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La rotación de magistrados en el Poder Judicial ha generado una gran expectativa en la entidad, donde se registra un gran rezago en la ejecución de sentencias y de revisión de diversos asuntos que fueron administrados por los jueces para impedir una verdadera impartición de la justicia.
Resulta que integrantes de organizaciones, como Abogados Litigantes Laboralistas de Baja California Sur, A.C., la Asociación Civil Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana y profesionistas independientes, han expresado su beneplácito por el cambio de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del estado, donde existen expedientes que son retrasados por parte del personal sindicalizado que impide una pronta y expedita resolución de los asuntos.
Los profesionales de carrera que forman parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en BCS, que encabeza Noemí Urías, acostumbrados a la forma de colaborar con los magistrados Enrique Arizpe Rodríguez y Alejandro Gracia Gómez, ahora hacen tortuguismo para entorpecer el trabajo de los nuevos magistrados que están al frente de este órgano judicial.
Entrampado está el caso del Hotel Los Arcos, que lleva más de 10 años entre el sindicato de los trabajadores y el dueño del inmueble, Luis Coppola, en donde el juez del segundo distrito falló a favor del empresario, reconociendo que solamente 20 de los 78 empleados realmente laboraban en la conocida pensión, por lo que el líder del Sindicato de Gastronómicos, Alberto Rentería Santana, solicitó una revisión a la sentencia, al calificarla como arbitraria e irregular.
Y, mientras designan a un nuevo magistrado, se enfrenta la guerra sucia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en BCS, que responde a intereses de funcionarios reubicados.