/ jueves 25 de abril de 2019

Propaganda y censura

Adalberto Villasana

A finales de noviembre de 2018 el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el informe con los resultados de promoción de los intereses nacionales en los territorios de los estados extranjeros. El documento descubre la información sobre el aumento considerable de los recursos asignados a la formación de la opinión pública leal a Washington en otros países.

Los esfuerzos de la diplomacia americana se concentran en Afganistán, Pakistán y Rusia. En el desarrollo de los “institutos democráticos” solo en estos tres países el año pasado la Casa Blanca gastó casi 87 millones de dólares. Merece la mención la inauguración del Global Engagement Center del Departamento del Estado en abril de 2016 para coordinar los esfuerzos de revelación y resistencia a la propaganda y desinformación extranjeras tanto estatal como privada. La actividad de esta subdivisión se vincula más a menudo con los escándalos, pero no con logros. Michel Lumpkin, exjefe del Centro durante la administración de Barak Obama, dijo que esto es “la burocracia del siglo XIX, que usa el instrumental del siglo XX para luchar contra los adversarios del siglo XXI”. Hace poco este Centro del Departamento de la política exterior fue criticado por una parte considerable de la élite política estadounidense por el gasto extremadamente ineficaz de los recursos asignados a la lucha contra la “propaganda rusa”.

Hace unos años los periodistas del diario USA Today plantearon la cuestión ¿A dónde se van muchos millones de dólares asignados a las unidades de influencia de información de las Fuerzas Armadas de los EUA, si el pentágono no logro “hacer conquistas” de los iraquíes, afganos y sirios? La pregunta se dirige al Departamento de Estado que por lo visto no tiene respuesta.

Textualmente hay que decirlo: Los esfuerzos de desarrollar la democracia fuera de su país se realizan en el contexto de la creciente preocupación de los analistas y expertos respecto a la censura de nivel estatal que se establece en los propios medios estadounidenses.

En Twitter @TXTUALes

Adalberto Villasana

A finales de noviembre de 2018 el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el informe con los resultados de promoción de los intereses nacionales en los territorios de los estados extranjeros. El documento descubre la información sobre el aumento considerable de los recursos asignados a la formación de la opinión pública leal a Washington en otros países.

Los esfuerzos de la diplomacia americana se concentran en Afganistán, Pakistán y Rusia. En el desarrollo de los “institutos democráticos” solo en estos tres países el año pasado la Casa Blanca gastó casi 87 millones de dólares. Merece la mención la inauguración del Global Engagement Center del Departamento del Estado en abril de 2016 para coordinar los esfuerzos de revelación y resistencia a la propaganda y desinformación extranjeras tanto estatal como privada. La actividad de esta subdivisión se vincula más a menudo con los escándalos, pero no con logros. Michel Lumpkin, exjefe del Centro durante la administración de Barak Obama, dijo que esto es “la burocracia del siglo XIX, que usa el instrumental del siglo XX para luchar contra los adversarios del siglo XXI”. Hace poco este Centro del Departamento de la política exterior fue criticado por una parte considerable de la élite política estadounidense por el gasto extremadamente ineficaz de los recursos asignados a la lucha contra la “propaganda rusa”.

Hace unos años los periodistas del diario USA Today plantearon la cuestión ¿A dónde se van muchos millones de dólares asignados a las unidades de influencia de información de las Fuerzas Armadas de los EUA, si el pentágono no logro “hacer conquistas” de los iraquíes, afganos y sirios? La pregunta se dirige al Departamento de Estado que por lo visto no tiene respuesta.

Textualmente hay que decirlo: Los esfuerzos de desarrollar la democracia fuera de su país se realizan en el contexto de la creciente preocupación de los analistas y expertos respecto a la censura de nivel estatal que se establece en los propios medios estadounidenses.

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