Lo que sabemos de las fracciones políticas de oposición en el Senado de la República es que ninguna quiere un periodo extraordinario de sesiones que sirva para declarar la desaparición de poderes del Estado de Tamaulipas porque prefieren que se exploren las vías políticas de resolución de conflictos o esperar a que haya un fallo de la Corte al respecto. Están de acuerdo, dicen, en un periodo de extraordinario de sesiones que busque resolver problemas a la gente y con lo relacionado al regreso a clases, al Covid 19 o la reactivación económica.
Cuauhtémoc Cárdenas ya está enfrentado a la 4T, a la mejor no al nivel de Porfirio Muñoz Ledo, pero ya trae pleito casado con las huestes de AMLO porque considera que hasta ahora las políticas vigentes agudizan las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos y crean dependencias que son inaceptables si se quiere construir una democracia progresista. Pero también se fue contra la oposición a la que no le ve propuestas. El cambio constitucional que permite la reelección se “aprobó por ambiciones e intereses partidarios personalistas de las cúpulas, en favor de sus burocracias”. Tan simple como eso.
En Texcoco, la tierra de la titular de la SEP, Delfina Gómez; y de Higinio Martínez; líder del Grupo de Acción Política (GAP) por la mañana de este viernes, los pobladores descontentos con el gobierno municipal se pusieron a colgar lonas en los negocios en contra de Morena y la reelección y todo fue bien durante el día hasta que en la tarde aparecieron empleados del ayuntamiento y militantes del partido a quitarlas y la gente no se dejó. Nos dicen que en varios de los negocios que pusieron las mantas ya hubo golpes entre los dos bandos.
En el SAT,de Raquel Buenrostro, consideran a Grupo Constructor Conhir, Spmexases, GEA Asesoría y Gestión Empresarial, Radora Colimex, Miel Industria, Servicios Especiales para la Construcción, Comercializadora Ned Sol y Sad Market como empresas fantasmas y en su página de internet están identificadas de esta manera. El problema es que fueron contratadas en 2019 y en 2020 por Layda Sansores, como alcalde en Álvaro Obregón, y, de acuerdo con la denuncia que presentó Teresita Cervantes Pérez en la FGR, hubo un daño al erario de por al menos 33 millones de pesos por haber contratado a las empresas que están en los listados de los artículos 69-B del Código Fiscal de la Federación.
