Primero fue al INE, le exigieron desde la Secretaría de Gobernación entregar los datos de los mexicanos, por fortuna hay una normatividad que impide entregar a quien sea esta información, así lo dejó bien claro Lorenzo Córdova; ahora es el INEGI quien podría no solo entregar información, además ir más allá de sus facultades, así lo propuso Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de Morena.
Esto no ha tardado en ocasionar reacciones como la vertida por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, quienes rechazaron esta propuesta de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”.
Para los legisladores del tricolor sería un acto arbitrario e inconstitucional.
Incluso, reclamaron al gobierno federal y al partido Morena de utilizar la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionalmente reconocidos.
El argumento de los diputados del tricolor es que “La propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente y en diversos instrumentos internacionales que son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.
Sería, dijeron, “un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio y contraviene lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Incluso, aludieron a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen este derecho de la inviolabilidad del domicilio.
En opinión de estos legisladores, la propuesta de Ramírez Cuéllar otorgaría amplias facultades a la autoridad para allanar un domicilio particular a fin de fiscalizar información financiera sin controles jurisdiccionales.
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