Tener a un hijo en prisión es perderlo todo dos veces, sabes que no volverá a ser el mismo cuando salga y que tú tampoco serás la misma cuando lo veas
Elena.
En un ajetreado viernes en donde el sur de la ciudad es un horno de 25 grados, nueve mujeres de distintas edades, profesiones y características se unen con un fin en común: entender el proceso penal, sus vertientes y el por qué sus esposos, padres o amantes están en prisión y cómo pueden salvarlos de vejaciones a sus derechos humanos.
Una de ellas es Elena, una mujer joven, que se impone a la vista, con cabello castaño y ojos que miran con decisión. Es madre de Luis, quien fue privado de su libertad y que por más de tres años no recibió una sentencia, fue acusado de venta de estupefacientes.
En ese trienio de espera e incertidumbre, Luis fue a juicio y sancionado a cinco años en prisión.
Elena pidió ocultar su identidad al narrar su historia, es una activista por los derechos de las personas en prisión y tiene temor de que ella o su hijo sufran represalias por parte de las autoridades después de denunciar violaciones a los derechos humanos al interior de centros de privación de libertad.
Para Elena, que su hijo esté privado de su libertad es un patrón que se repite, primero en ella, en Luis y en sus vecinos. Considera que las y los jóvenes de su colonia son juzgados por el lugar en el que viven y no por los actos que les imputa la policía.
Siempre están cazando a los jóvenes, que si están jugando futbol o si están en la cancha, van y los agarran, les inventan delitos y no hay forma de probar su inocencia
Elena experimentó los malos tratos y la tortura en centros de privación de libertad cuando era joven, y ahora con el círculo de apoyo penal que ha formado con este grupo de mujeres, construyó mecanismos para que su hijo Luis no sufra violaciones graves a sus derechos más básicos.
El caso de su hijo, que fue acusado de venta de estuperfacientes dos semanas después de haber cumplido 18 años, es más común de lo que parece, según cifras de la organización Documenta 13.38 por ciento son jóvenes de entre 18 a 24 años, lo que representa 28 mil 207 personas que perderán la oportunidad de seguir estudiando y de terminar la preparatoria, como fue el caso de Luis.
En los tres años que Luis estuvo en prisión preventiva, Elena gastó cantidades irracionales de dinero en mantenerlo con necesidades básicas cubiertas.
Las cuotas, explica Elena, variaban dependiendo de la escasez de los aditamentos para la higiene o el esparcimiento, un jabón podría costar entre 15 o 25 pesos, el moverse de una celda a otra de 3 a 5 pesos, pero lo más caro era la pasta dental que podía tener un precio de 60 a 80 pesos, los alimentos básicos iban de los 20 a los 30 pesos.
Pese a esto, Elena cada semana le daba dinero para que pudiera comprar jabón y tiempo para bañarse, le llevaba comida y agua.
El dinero que con esfuerzo reunía la mamá de Luis fue evidente para sus compañeros que permanecían con él en el centro de reclusión. Así, iniciaron actos de tortura para quitárselo.
Aun cuando Elena denunció esto por escrito a las autoridades del centro, estas jamás hicieron nada para solucionarlo.
Un avance contra la prisión preventiva
En junio de 2008 con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación se inició una transformación en sistema de justicia penal en México, que fue de un proceso penal inquisitorio hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en donde se respetaba uno de los principios de avanzada más celebrados por las y los defensores de derechos humanos: la presunción de inocencia. Este principio dicta que las personas no son culpables de los delitos que se les acusen hasta que el Estado pudiera comprobar, con pruebas suficientes, su participación en el hecho delictivo.
Este sistema abrió la posibilidad de que las personas y operadores del sistema (jueces, ministerios públicos, defensores, personas imputadas y víctimas) pudieran entender y concebir el proceso como un espacio abierto y transparente para el acceso a la justicia y a la reparación del daño.
Además se reforzó el uso de Medidas Cautelares que no privaran de la libertad a las personas que estuvieran atravesando por un proceso penal, esto con base en la mínima intervención en la vida de las personas tanto imputadas como víctimas.
Más prisión, más víctimas
Para 2019, estos principios base que rigen y da sentido al nuevo Sistema de Justicia Penal están en riesgo debido a la reforma al Artículo 19 constitucional, que aumenta los delitos que ameritan prisión preventiva automática. Esta reforma, que fue aprobada en el Congreso de la Unión en febrero, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril, contraviene decretos internacionales de acuerdos a estándares internacionales de derechos humanos.
Con esta reforma, los delitos de corrupción, uso de programas con fines electorales, robo de hidrocarburos, abuso o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, feminicidios, desaparición forzada o cometida por particulares, la portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas y el robo de transporte y a casa habitación, ameritan prisión preventiva; es decir, que un juez no tendrá la obligación de revisar el caso particular de ninguna persona y ésta terminará recluida hasta que se lleve a cabo su proceso penal.
La reforma contraviene el cimiento más importante para el nuevo sistema de justicia penal, la presunción de inocencia. Para Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Penal Procesal, que defiende sobre cualquier premisa la presunción de inocencia como regla de trato, este elemento del proceso es una obligación del Ministerio Público y puede resultar un seguro para las y los ciudadanos en contra del abuso de poder.
“Debemos recordar también para qué están las medidas cautelares, cuál es su papel en el proceso penal: son formas para que efectivamente se lleve a cabo el proceso penal y no se vea interrumpido, por ejemplo, porque la persona acusada no se presente a las audiencias o esté en peligro la integridad de las víctimas. Pero aquí radica la eficiencia y preparación de las y los jueces, con apoyo de las UMECAs, para juzgar conveniente que se dicten tal o cual medida que se ajuste a ese caso. No puede ser de forma arbitraria, sería darles a todas las personas una sanción previa y no se trata de eso, se trata de llegar a la justicia lo más que podamos”.
La presunción de inocencia no es algo absoluto, pero debe justificarse la aplicación de una medida que afecta tanto la vida de las personas, considera la directora de proyectos del IJPP.
El problema también consiste en que se confunden las funciones del sistema de justicia como previsoras de la delincuencia, una cuestión que corresponde a las políticas públicas de prevención del delito. Las Medidas Cautelares en Libertad son únicamente para que el proceso se lleve a cabo y el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar por excelencia en México tiene un alto costo.
Según datos del Proyecto Justicia de Cidac, en México existen 379 centros de privación de libertad, de los cuales 157 están sobrepoblados, es decir, tienen un excedente de 24 mil 221 personas. Además, de acuerdo a datos oficiales del gasto, en 2014 se emplearon 4.6 millones de pesos por día en los centros penitenciarios federales y 32.4 millones en centros estatales.
A esto se suma que en 2016, habían 141 mil 189 personas en prisión preventiva, y de acuerdo a los cálculos de la organización, se gastaron diariamente más de 20 millones de pesos en personas no sentenciadas, además de que ellas dejaron de ser proveedoras para sus familias.
La vida con un familiar en prisión
Para Claudia, una mujer que fue acusada de comercialización de objetos robados, la prisión preventiva fue su realidad por dos años y medio. Proveedora de su hija y de su madre, Claudia se convirtió en “una carga que no hacía más que mi mamá se endeudara y que mi hija no tuviera lo que yo le estaba dando”.
Claudia es una mujer joven que comercializa ropa de segunda mano en el tianguis de Santa Martha Acatitla. El puesto se lo heredó su mamá y ha trabajado en él durante más de 10 años. Nunca había tenido algún altercado con la policía, ni había sido acusada de algún delito, sin embargo, un jueves por la tarde mientras recogía su mercancía y la llevaba a su camioneta, llegaron 5 policías con una orden de aprehensión en su contra, desde ahí su vida dio un giro de 260 grados.
Estar en un centro de privación de la libertad se convirtió en el infierno de Dante: no le permitían tener contacto con su hija y tampoco con su defensor, cambiaron la versión de sus acusaciones y no le permitieron que se comunicara con ningún familiar en su detención. Cuando el juez le dictó prisión preventiva como medida cautelar su defensor no intentó apelar y ella estuvo ahí hasta que los medios de prueba fueron descartados y recuperó su libertad.
“Yo sí creo que la prisión preventiva es una pena anticipada, hicieron que mi hija no tuviera una mamá por dos años, yo no tenía ni los medios ni las ganas de huir de lo que me acusaban. Quería seguir trabajando y haciendo cosas para que mi mamá no se las pasara negras. Cuando salí teníamos deudas hasta para aventar para arriba, nos habían prestado dinero mis tíos y tuve que trabajar más para devolverlos”, afirmó Claudia.
La justicia y las medidas cautelares en libertad van de la mano
Para Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta existe un problema latente que es que la prisión preventiva tiene un impacto mucho más grande en la vida de las mujeres que en la de los hombres. Ya sea porque sobre ellas el sistema de justicia mexicano tiende a aplicar con mayor frecuencia esta medida cautelar, (según datos del informe Prisión Preventiva en América Latina:
El Impacto Desproporcionado en Mujeres Privadas de Libertad por Delitos de Drogas de WOLA), como si son ellas quienes tienen a su pareja o familiar en prisión.
Para ella, “la prisión preventiva debe ser plenamente justificada por un juez y si no puede hacerlo entonces debe encontrar alternativas para que no se pare el proceso pero que la persona acusada pueda llevar su vida en libertad. Muchos de los casos que ve Reinserta son de mujeres que no accedieron a la justicia y se encuentran lejos de sus familias y es una pena que sean tantos casos”, afirma.
El problema de la prisión preventiva
La presunción de inocencia no es algo absoluto, pero debe justificarse la aplicación de una medida que afecta tanto la vida de las personas, considera la directora de proyectos del IJPP.
El problema también consiste en que se confunden las funciones del sistema de justicia como previsoras de la delincuencia, una cuestión que corresponde a las políticas públicas de prevención del delito. Las Medidas Cautelares en Libertad son únicamente para que el proceso se lleve a cabo y el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar por excelencia en México tiene un alto costo.
Según datos del Proyecto Justicia de Cidac, en México existen 379 centros de privación de libertad, de los cuales 157 están sobrepoblados, es decir, tienen un excedente de 24 mil 221 personas. Además, de acuerdo a datos oficiales del gasto, en 2014 se emplearon 4.6 millones de pesos por día en los centros penitenciarios federales y 32.4 millones en centros estatales.
A esto se suma que en 2016, habían 141 mil 189 personas en prisión preventiva, y de acuerdo a los cálculos de la organización, se gastaron diariamente más de 20 millones de pesos en personas no sentenciadas, además de que ellas dejaron de ser proveedoras para sus familias.
HM
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