La extorsión no ha dejado de crecer en los últimos años en nuestro país. Los registros oficiales muestran que entre 2015 y 2019 el delito aumentó en un 59%, pasando de una tasa de 4.3 por cada 100 mil habitantes, correspondiente a 5 mil 277 víctimas, a una tasa de 6.9 (correspondiente a 8 mil 755 víctimas), revela un estudio de México Evalúa.
Este delito, en la mayoría de los casos ocurre sin violencia, a plena luz del día, y en horarios de mayor actividad económica.
Su distribución varía mucho entre las entidades del país, al menos en lo reflejado por los datos oficiales. Las entidades con las tasas más altas en 2019 fueron Baja California Sur (23.5), Zacatecas (21.5) y Quintana Roo (16.4). En el otro extremo, las entidades con menos denuncias fueron Yucatán (0.31), Tlaxcala (0.15) y Michoacán (0.04).
La investigación de la organización de la sociedad civil destaca que la estadística oficial dice poco sobre la verdadera dimensión de este delito, pues tiene una cifra negra de las más altas en el país: el 97.9% de los casos no son denunciados ante la autoridad (ENVIPE 2019).
Con los datos recabados con el organismo antes citado, se puede aproximar a las dimensiones verdaderas del fenómeno.
A nivel nacional el SESNSP reportó 6 mil 895 víctimas en 2018 —correspondiente a una tasa de 5.5 por cada 100 mil habitantes—. Para ese mismo año, le estimación del Inegi arroja una cifra de 5 millones 700 mil delitos, equivalente a una tasa de 4 mil 583 por cada 100 mil habitantes.
La estimación también ‘corrige’ las magnitudes del delito en los estados. El cambio es tan grande que nos muestra un panorama muy distinto a lo que reportan las fiscalías y las procuradurías.
Causa en Común refiere que el estado con mayor incidencia es Guerrero: en 2018 ocupó la primera posición en la tasa de extorsión, mientras que con los datos del SESNSP ocupa una posición a mitad de la tabla.
En segunda posición se encuentra Morelos, con 8 mil 872 delitos por cada 100 mil habitantes. La tercera posición se trata de Tlaxcala, con una tasa de 7 mil 748, una de las entidades con menor cantidad de carpetas de investigación. De ese tamaño es la distancia entre los datos oficiales y lo reportado por las víctimas.
La investigación de David Ramírez de Garay menciona que frente a los grandes retos que plantea la crisis de inseguridad en México, el delito de extorsión es uno de los más grandes.
Por su extensión a lo largo del país, sus diversas modalidades, la inmensa cifra negra y el vínculo vital que tiene con la corrupción, parece que es un delito imposible de enfrentar en el contexto mexicano.
La ENVIPE proporciona información para caracterizar al delito de extorsión. De todos los casos captados por la encuesta, el 53.1% fue reportado por un hombre y el 46.9% por una mujer.
Las víctimas también reportan que el 51.7% de los hechos se han realizado entre las 12 y las 18 horas y el 33.4% entre las 6 y las 12 horas. El 85% de los casos se realizan a plena luz del día y en los horarios donde se concentra la mayor actividad económica.
Los victimarios no suelen tener algún vínculo previo con las víctimas. En el 89.7% de los eventos, las victimas reportaron no conocer a los extorsionadores, indica.
Para este delito, la capacidad de intimidar es una herramienta clave. En el 46.3% de los eventos donde la víctima estuvo presente, el o los extorsionadores no portaban un arma y el 97.8% de estos casos se llevaron a cabo sin agresión física.
En los casos donde se usó un arma, en 91.7% de las extorsiones se realizaron sin agresión física.
En la comisión del delito participó un solo delincuente en el 64.4% de los casos y dos en el 22.1%. El 77.6% de los victimarios fueron hombres y la edad estimada de los que participaron el en delito fue de 35 años y más (34%) y de 26 a 35 años (21.9%). En la gran mayoría de casos se trata de extorsión telefónica.
El incremento sostenido de la extorsión ha sido posible por la falta de acciones concretas por parte de las autoridades. El 23 de marzo de 2020, el SESNSP presentó los lineamientos de un nuevo instrumento para combatir la extorsión. Se trató de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude, afirmó Ramírez de Garay.
Esta herramienta busca captar y generar información sobre el fenómeno por medio de las llamadas de emergencia que se reciben en el 911, el 089 y en todos los centros de control estatales que reciben este tipo de llamadas.
El 15 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la creación de la base de datos y la homologación de los registros que genera cada llamada. Esto con el objetivo de tener información más detallada y oportuna para crear mejores diagnósticos sobre la extorsión y emplear la información para orientar la toma de decisiones.
La herramienta más eficaz que tienen los extorsionadores es la certeza de que las autoridades no se involucrarán, ya sea por colusión o por incompetencia.
En primera instancia se tiene la intención de firmar convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, para que por medio de la nueva base de datos puedan llevar a cabo labores de rastreo, identificación y neutralización de las cuentas bancarias donde se realiza el pago de las extorsiones.
Hay importantes diferencias entre los patrones que siguen las redes de extorsión en los barrios centrales de la Ciudad de México y en las zonas comerciales de ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez.
