/ lunes 4 de octubre de 2021

Prevén graves retrocesos con iniciativa de Reforma Energética

La iniciativa, plantea limitar la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica,  promover de manera costosa e ineficiente la participación del Estado en la generación de electricidad

La organización de la sociedad civil “México cómo vamos” llamó al Congreso de la Unión para que garantice una discusión técnica sobre la situación y se haga un análisis a la Iniciativa de reforma constitucional en materia energética sobre la base de la evidencia; ya que cerrar el mercado eléctrico a la participación privada y eliminar al ente regulador equivale a sentenciar a que México pierda competitividad y no pueda desarrollarse en su máximo potencial.

También perjudicaría que la inversión de gran rentabilidad no venga, a que los empleos de mayor productividad dejen de crearse y, a reconocer frente al mundo que México no cumple con sus acuerdos internacionales comerciales y de mitigación de cambio climático; y favorecerá a la CFE al limitar participación privada.

México cómo Vamos recordó que al inicio de la LXV Legislatura federal, el pasado 30 de septiembre, el Ejecutivo presentó una iniciativa para reformar la Constitución y con ello cambiar los términos de la industria eléctrica nacional con importantes efectos locales e internacionales de corto y largo plazo.

La iniciativa, agregó, plantea limitar la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica, promover de manera costosa e ineficiente la participación del Estado en la generación de electricidad, eliminar los mecanismos de regulación nula rendición de cuentas de los recursos públicos, y limita la capacidad productiva del país.

Precisó que cualquier empresa productiva del Estado es propiedad de las y los mexicanos; cualquier inversión con dinero público debe ser parte de una estrategia que inserte a México en un modelo económico de vanguardia.

Esta iniciativa afecta a las finanzas públicas, a la productividad de las empresas públicas y privadas, y aumenta el riesgo de que las y los consumidores de electricidad en México reciban un peor servicio.

Las empresas productivas del Estado deben servir a la ciudadanía, así como promover la transparencia del uso de nuestros recursos. “Reflexionemos si vale la pena utilizar el dinero público para sentar las bases de un modelo de desarrollo consistente con el siglo pasado, no con los retos y tecnologías del siglo XXI”, señaló.

Las y los mexicanos necesitan una legislación en materia eléctrica de largo plazo. El cambio climático es real y México no puede ser indiferente, ¡Necesitamos más energía y que sea limpia!

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La ONG destacó que México necesita electricidad para crecer. Necesitamos inversión pública y privada, destinar millones de dólares a la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía, pero el gobierno de México no tiene los recursos necesarios ni una estrategia para obtener más ingresos.

El Paquete Económico 2022 no contiene una iniciativa de Reforma Fiscal. Con ingresos limitados y presiones de gasto como las pensiones no contributivas, resulta inviable que el sector público invierta lo que México necesita para satisfacer la demanda de electricidad creciente.

Sobre la propuesta de la nacionalización del litio, no encontramos recursos para “Litio Bienestar” en el PPEF 2022, elemento fundamental para la transición energética, resaltó México cómo Vamos.

¿Los precios a los consumidores reflejarán el costo de producción, o estarán ineficientemente subsidiados, beneficiando más a quienes más consumen? La generación de electricidad de las plantas de CFE no es la más eficiente, lo que perjudicará a los consumidores con costos crecientes.

Una generación de energía eléctrica cara y contaminante descalifica a México como país receptor de Inversión Extranjera Directa (IED), remarcó.

El CENACE y la CRE son organismos reguladores indispensables para dar certidumbre a los inversionistas cuyo horizonte de inversión va más allá de un sexenio. La inversión pública en el sector eléctrico no es suficiente, por lo que necesitamos de la inversión privada. Y los inversionistas necesitan certidumbre para invertir.

Las empresas no tendrán incentivos para invertir en el sector energético en México, lo que significa menos empleos de calidad para las y los mexicanos.

De aprobarse esta reforma constitucional en materia eléctrica, México se enfrentará a una serie de controversias en los tratados internacionales como el T-MEC y el tratado de libre comercio con la Unión Europea. En medio de la reactivación económica por la pandemia del Covid-19.

Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem

La organización de la sociedad civil “México cómo vamos” llamó al Congreso de la Unión para que garantice una discusión técnica sobre la situación y se haga un análisis a la Iniciativa de reforma constitucional en materia energética sobre la base de la evidencia; ya que cerrar el mercado eléctrico a la participación privada y eliminar al ente regulador equivale a sentenciar a que México pierda competitividad y no pueda desarrollarse en su máximo potencial.

También perjudicaría que la inversión de gran rentabilidad no venga, a que los empleos de mayor productividad dejen de crearse y, a reconocer frente al mundo que México no cumple con sus acuerdos internacionales comerciales y de mitigación de cambio climático; y favorecerá a la CFE al limitar participación privada.

México cómo Vamos recordó que al inicio de la LXV Legislatura federal, el pasado 30 de septiembre, el Ejecutivo presentó una iniciativa para reformar la Constitución y con ello cambiar los términos de la industria eléctrica nacional con importantes efectos locales e internacionales de corto y largo plazo.

La iniciativa, agregó, plantea limitar la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica, promover de manera costosa e ineficiente la participación del Estado en la generación de electricidad, eliminar los mecanismos de regulación nula rendición de cuentas de los recursos públicos, y limita la capacidad productiva del país.

Precisó que cualquier empresa productiva del Estado es propiedad de las y los mexicanos; cualquier inversión con dinero público debe ser parte de una estrategia que inserte a México en un modelo económico de vanguardia.

Esta iniciativa afecta a las finanzas públicas, a la productividad de las empresas públicas y privadas, y aumenta el riesgo de que las y los consumidores de electricidad en México reciban un peor servicio.

Las empresas productivas del Estado deben servir a la ciudadanía, así como promover la transparencia del uso de nuestros recursos. “Reflexionemos si vale la pena utilizar el dinero público para sentar las bases de un modelo de desarrollo consistente con el siglo pasado, no con los retos y tecnologías del siglo XXI”, señaló.

Las y los mexicanos necesitan una legislación en materia eléctrica de largo plazo. El cambio climático es real y México no puede ser indiferente, ¡Necesitamos más energía y que sea limpia!

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La ONG destacó que México necesita electricidad para crecer. Necesitamos inversión pública y privada, destinar millones de dólares a la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía, pero el gobierno de México no tiene los recursos necesarios ni una estrategia para obtener más ingresos.

El Paquete Económico 2022 no contiene una iniciativa de Reforma Fiscal. Con ingresos limitados y presiones de gasto como las pensiones no contributivas, resulta inviable que el sector público invierta lo que México necesita para satisfacer la demanda de electricidad creciente.

Sobre la propuesta de la nacionalización del litio, no encontramos recursos para “Litio Bienestar” en el PPEF 2022, elemento fundamental para la transición energética, resaltó México cómo Vamos.

¿Los precios a los consumidores reflejarán el costo de producción, o estarán ineficientemente subsidiados, beneficiando más a quienes más consumen? La generación de electricidad de las plantas de CFE no es la más eficiente, lo que perjudicará a los consumidores con costos crecientes.

Una generación de energía eléctrica cara y contaminante descalifica a México como país receptor de Inversión Extranjera Directa (IED), remarcó.

El CENACE y la CRE son organismos reguladores indispensables para dar certidumbre a los inversionistas cuyo horizonte de inversión va más allá de un sexenio. La inversión pública en el sector eléctrico no es suficiente, por lo que necesitamos de la inversión privada. Y los inversionistas necesitan certidumbre para invertir.

Las empresas no tendrán incentivos para invertir en el sector energético en México, lo que significa menos empleos de calidad para las y los mexicanos.

De aprobarse esta reforma constitucional en materia eléctrica, México se enfrentará a una serie de controversias en los tratados internacionales como el T-MEC y el tratado de libre comercio con la Unión Europea. En medio de la reactivación económica por la pandemia del Covid-19.

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