En la apertura de sesiones del segundo período ordinario de la presente Legislatura, el pasado 1 de febrero, nada parecía que algo alteraría su curso. Nada usual fueron los honores correspondientes a los emblemas nacionales. Una escolta de militares, en uniforme de campaña y con sus respectivas armas de cargo, apareció como parte de una ceremonia estrictamente civil, parlamentaria e independiente, comentó el Centro Católico Multimedial.
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Una cosa es segura, en momentos tan delicados, el país ve con preocupación cómo los militares ocupan más y más lugares que corresponden a tareas civiles, violan derechos humanos, contravienen disposiciones legales y defienden un régimen político, consentidos y empoderados gracias a “ya saben quién”.
El CCM resaltó que en estos momentos de difícil comprensión donde los militares deberían aparecer menos y la ciudadanía más, los dimes y diretes llegaron más allá. Hasta la misma conferencia matutina de AMLO quien, propio de su estilo, enrareció más la discusión para alimentar el fuego de la polarización.
Ordenando a los militares dar un informe de lo sucedido, la Secretaría de la Defensa Nacional quiso hacer terso el asunto afirmando que la escolta participó en “acciones cívicas” y que la bandera de guerra de las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es custodiada permanentemente por personal militar armado, como símbolo máximo de respeto e identidad nacional”.
El organismo católico destacó el hecho, de que luego de que el presidente de la Mesa Directiva argumentó que una escolta armada hubiera puesto en riesgo la soberanía de un Poder además de vulnerar las disposiciones legales y reglamentarias.
Legisladores sumisos al régimen piden la cabeza del presidente de la Mesa Directiva por “ser apátrida” y haber actuado en contra de los emblemas nacionales.
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En el editorial “Armas en el Congreso”, resaltó que las dos Cámaras, en sesión de Congreso general, esperaban la declaratoria formal para abrir los trabajos sin mayores sobresaltos, aunque los ánimos, polarizados, ya hacían flotar en el ambiente las tensiones que en el país se han acumulado por circunstancias como clima electoral y el exacerbado discurso desde Palacio Nacional.
El debate se dio de inmediato ante el estricto posicionamiento del presidente de la Mesa Directiva quien, ante la perorata de la caterva de los legisladores leales al régimen, restringió el paso al salón de plenos de la escolta con fusiles FX-05, calibre 5.56 mm, arma producida en los talleres de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Y que vende a gobiernos de otros países a un precio preferencial de 17 mil 253 pesos por unidad, incluidos cinco cargadores de 30 cartuchos cada uno por arma, el manual de usuario, portafusil con garantía de un año, según los documentos revelados por “Guacamaya”.
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El presidente de la Mesa Directiva argumentó que una escolta armada hubiera puesto en riesgo la soberanía de un Poder además de vulnerar las disposiciones legales y reglamentarias.
Sin embargo, no es nuevo que, en el conjunto de San Lázaro, la presencia de militares armados se haya dado por primera vez en la historia contemporánea, una de esas más que intimidante.
Recordó que cada 1 de septiembre, los cadetes del Colegio Militar, en el día en el que el presidente rendía su informe, hacían una valla de honor con las armas de cargo; más atrás, en el fraude de 1988, cuando el Poder Ejecutivo tenía en sus manos el control de las elecciones y la posesión de los votos, en la Cámara de Diputados se resguardaron los paquetes electorales con militares armados quienes amagaron a los legisladores de oposición que pedían la apertura del material electoral.
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