/ sábado 28 de octubre de 2017

Necesaria Tarifa Cero para ampliar oportunidades de desarrollo

Ciudad de México.- La decisión del Instituto Federal deTelecomunicaciones sobre tarifa cero repercutirá en todos lossectores sociales y económicos del país, en donde debe deprivilegiarse el derecho de los consumidores: Eloísa TalaveraHernández

Las políticas públicas que establezca el gobierno mexicanodeben de sustentar en el espíritu de beneficio a las mayorías,por ello ante la decisión que próximamente debe resolver elInstituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en torno a la tarifacero en interconexión en telefonía móvil debe prevalecer elideal plasmado en la reforma en telecomunicaciones, señaló laVicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en SanLázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Sostuvo que ese espíritu se observa con claridad en elartículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones yRadiodifusión que obliga al agente económico preponderante a nocobrar tarifa de interconexión “a los demás concesionarios porel tráfico que termine en su red, y para el tráfico que termineen la red de los demás concesionarios”.

“Es en todos los sentidos una decisión de política públicaorientada a solucionar las fallas históricas del mercado de lastelecomunicaciones, y a brindar mayor accesibilidad y calidad deservicios para todos los usuarios del país” dijo.

Como diputada federal, dijo, mi responsabilidad es favorecer losderechos de los consumidores; este compromiso fue el punto departida de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones de 2013,la cual hoy se encuentra en una coyuntura transcendental para suéxito.

Agregó que las telecomunicaciones en México tienen una penosapeculiaridad compartida con países como Sierra Leona y Libia, endonde una sola empresa domina más del 60% del sector, de acuerdocon datos del Banco de Información de Telecomunicaciones quepublica el IFT.

Explicó que esta circunstancia impulsó a los legisladores aconsolidar una reforma constitucional en 2013, que propuso combatirlas fallas del mercado y evitar el daño a la competencia y a losconsumidores.

“Luego de dos años de litigio ante la Suprema Corte deJusticia de la Nación, se resolvió que el Instituto Federal deTelecomunicaciones, sea la institución encargada de ordenar alsector y trabajar en la consecución de las metas señaladas en losartículos 1 y 6 constitucionales” indicó.

Talavera Hernández reconoció la importancia del fallo de laCorte en el sentido de que reconoció la autonomía del IFT y lasfacultades que le dieron los propios legisladores para regular coneficiencia el sector.

Refirió que se ha hablado en diferentes momentos, sobre losmodelos de costos que se deben utilizar para determinar las tarifasque se pagan unas compañías a otras, en donde la autoridad puedebrindar certeza, pero, sobre todo, orden respecto del acceso ainsumos esenciales, propios de la interoperabilidad de lasredes.

“Si bien estoy de acuerdo en que esta decisión pretendabasarse en un sustento técnico para justificar y rendir cuentassobre una decisión tan importante, también creo que es imperativotomar en cuenta que la realidad en México exige para el desarrollode la sociedad y la competitividad en términos globales, que losderechos a las telecomunicaciones estén sustentados en elprincipio del bien común” subrayó.

Y es que, el alcance de las telecomunicaciones ha permeado entodos los ámbitos de nuestra vida y lo han hecho tal forma que hoyes un derecho humano considerado fundamental tanto por nuestraCarta Magna como por la ONU, puntualizó.

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Ciudad de México.- La decisión del Instituto Federal deTelecomunicaciones sobre tarifa cero repercutirá en todos lossectores sociales y económicos del país, en donde debe deprivilegiarse el derecho de los consumidores: Eloísa TalaveraHernández

Las políticas públicas que establezca el gobierno mexicanodeben de sustentar en el espíritu de beneficio a las mayorías,por ello ante la decisión que próximamente debe resolver elInstituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en torno a la tarifacero en interconexión en telefonía móvil debe prevalecer elideal plasmado en la reforma en telecomunicaciones, señaló laVicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en SanLázaro, Eloísa Talavera Hernández.

Sostuvo que ese espíritu se observa con claridad en elartículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones yRadiodifusión que obliga al agente económico preponderante a nocobrar tarifa de interconexión “a los demás concesionarios porel tráfico que termine en su red, y para el tráfico que termineen la red de los demás concesionarios”.

“Es en todos los sentidos una decisión de política públicaorientada a solucionar las fallas históricas del mercado de lastelecomunicaciones, y a brindar mayor accesibilidad y calidad deservicios para todos los usuarios del país” dijo.

Como diputada federal, dijo, mi responsabilidad es favorecer losderechos de los consumidores; este compromiso fue el punto departida de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones de 2013,la cual hoy se encuentra en una coyuntura transcendental para suéxito.

Agregó que las telecomunicaciones en México tienen una penosapeculiaridad compartida con países como Sierra Leona y Libia, endonde una sola empresa domina más del 60% del sector, de acuerdocon datos del Banco de Información de Telecomunicaciones quepublica el IFT.

Explicó que esta circunstancia impulsó a los legisladores aconsolidar una reforma constitucional en 2013, que propuso combatirlas fallas del mercado y evitar el daño a la competencia y a losconsumidores.

“Luego de dos años de litigio ante la Suprema Corte deJusticia de la Nación, se resolvió que el Instituto Federal deTelecomunicaciones, sea la institución encargada de ordenar alsector y trabajar en la consecución de las metas señaladas en losartículos 1 y 6 constitucionales” indicó.

Talavera Hernández reconoció la importancia del fallo de laCorte en el sentido de que reconoció la autonomía del IFT y lasfacultades que le dieron los propios legisladores para regular coneficiencia el sector.

Refirió que se ha hablado en diferentes momentos, sobre losmodelos de costos que se deben utilizar para determinar las tarifasque se pagan unas compañías a otras, en donde la autoridad puedebrindar certeza, pero, sobre todo, orden respecto del acceso ainsumos esenciales, propios de la interoperabilidad de lasredes.

“Si bien estoy de acuerdo en que esta decisión pretendabasarse en un sustento técnico para justificar y rendir cuentassobre una decisión tan importante, también creo que es imperativotomar en cuenta que la realidad en México exige para el desarrollode la sociedad y la competitividad en términos globales, que losderechos a las telecomunicaciones estén sustentados en elprincipio del bien común” subrayó.

Y es que, el alcance de las telecomunicaciones ha permeado entodos los ámbitos de nuestra vida y lo han hecho tal forma que hoyes un derecho humano considerado fundamental tanto por nuestraCarta Magna como por la ONU, puntualizó.

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