/ miércoles 6 de noviembre de 2019

Garantizar el derecho a decidir implica educación completa de sexualidad

Siete de cada diez mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 a 29 años, un periodo de vida en la que se impulsa su vida académica y laboral.

Garantizar y proteger el derecho a decidir es un componente fundamental para avanzar hacia una política integral del Estado que abarque, desde una educación completa en sexualidad, hasta un cambio cultural e institucional que no criminalice a las mujeres por interrumpir su embarazo, ya sea sobre la decisión en el ejercicio de su libertad o por haber sido víctima de un delito sexual.

El anterior posicionamiento lo hizo la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann, quien consideró que esa transformación sólo será posible de la mano de los tres órdenes de gobierno, por lo que llamó a que cada uno, desde su trinchera, no frene el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.

“El Estado mexicano, como laico, tiene la obligación y compromiso para que estas garantías se ejerzan con libertad y sin discriminación”, dejó asentado.Según las estadísticas de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, siete de cada diez mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 a 29 años, un periodo de vida en la que se impulsa su vida académica y laboral.Por lo que hace a las niñas, las cifras son alarmantes.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2016 todos los días en el país 32 menores de edad se convirtieron en madres; es decir, 11 mil 808 niñas entre 10 y 14 años.A ello, Gasman Zylbermann, detalló que “como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos conforme lo indica la norma 046 violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la Ley General de Víctimas”.

Celebró el avance histórico de Oaxaca, pero destacó que falta mucho más por avanzar, respecto de la armonización legislativa y generar políticas públicas que permitan servicios de calidad a fin de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, conforme con los más altos estándares internacionales en derechos humanos.

En su opinión, los diputados están frente a una oportunidad histórica, por lo que pidió tener la fuerza y convicción para garantizarles a las mujeres una vida digna con la posibilidad de decidir por su vida, cuerpo y sus derechos. “Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres la paridad y nosotras el derecho a decidir”.

Estimó que las modificaciones a la Ley General de Salud permitirán crear un marco jurídico idóneo, integral y progresivo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que responda a las necesidades de las mujeres, pero sobre todo a su autonomía para tomar decisiones en cualquier momento de su vida.“Levantaremos la voz tantas veces como sea necesario hasta que se comprenda que las mujeres tienen derecho de no frenar sus sueños y proyectos a causa de un embarazo y una maternidad cuando ésta no sea deseada”, dijo.

En el recinto deliberativo de San Lázaro se presentó en días pasados, la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres.Al respecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Baja, María Wendy Briceño Zuloaga, externó que el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo.

La representante popular de Morena aludió que “ahora que hay una mayoría responsable en el Congreso de la Unión”, no se puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que ellas sufren precariedad económica y tienen el poco acceso al sistema básico de salud.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 añas dijo haber estado embarazada. De ellas, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, pero en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo.

En su momento, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, acotó que 29 entidades federativas establecen, como causal de exclusión o no punibilidad, que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; en 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; en 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida. En dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara en definir que un aborto es peligroso cuando el embarazo es interrumpido por personas que carecen de la calificación necesaria o en instalaciones que no cumplen con las normas médicas mínimas.Recomienda que para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos los países deben implementar políticas propicias a fin de proporcionar el acceso a un aborto sin riesgo y legal.

La morenista Sánchez Galván notificó que, entre abril del 2007 y 19 de diciembre de 2018, se habían atendido en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México a 205 mil 353 mujeres para interrupción legal del embarazo, de las cuales 70 por ciento residían en la capital, 61 mil 755 correspondieron a mujeres procedentes de las 31 entidades federativas restantes.

Es un hecho que la interrupción voluntaria del embarazo en la nación responde a una demanda de mujeres de todas las edades, niveles educativos y condiciones socioeconómicas y que, el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personal calificado, tecnología recomendada, excelentes condiciones de higiene y óptimas garantías, seguridad y de acuerdo con las recomendaciones y evidencias internacionales.

Por ello, es necesario llevar a cabo reformas legales que den a todas las mujeres del país las mismas garantías de protección de sus derechos, para que los procedimientos sean llevados a cabo en las mismas condiciones legales y seguras. La opinión de la senadora de Morena Citlalli Hernández Mora, es que en esta lucha se necesita ser responsables e inteligentes a fin de avanzar en mejoras.

“Algo del aprendizaje que se ha dado es la capacidad de resistencia de las compañeras feministas que luchan dentro del parlamento y en la calle frente a una ola peligrosa, conservadora y violenta que intenta señalarnos de asesinas y tratan de manipular el verdadero sentido de la lucha”.

Dejó asentado que no hay ningún movimiento que luche tanto por la vida como el feminista; “no hay ningún movimiento transformador o radical que pueda trascender tanto en este momento como la lucha feminista, porque pone en el centro la discusión de un sistema económico político que no ha funcionado, porque ha excluido a los distintos sectores”.

La diputada de la bancada de Morena, Claudia Pérez Rodríguez, dio cuenta que con la iniciativa se busca eliminar los elementos que vulneran la protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres, toda vez que en la actualidad el Estado es quien “tutela nuestros cuerpos, a pesar de que nosotras debemos decidir sobre en qué momento se quiere ser madre”.

Manifestó que es primordial que ellas tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción.De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) una práctica nociva del Estado es ejercer control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y niñas.

En relación a ello, la legisladora señaló que se generó una discusión en 22 ciudades del país, donde los asistentes y participantes consideraron necesario garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y que existan políticas públicas de la más alta calidad de salud contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos en la interrupción del embarazo.Aludió que resulta importante analizar el hecho de que en México se registra un millón de interrupciones de embarazos, tema que calificó como un asunto de justicia social para eliminar la criminalización por parte del personal médico y persecución penal.

Representantes de diversas organizaciones civiles a favor del aborto se congratularon por esta iniciativa impulsada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque busca garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y que exista una interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad.

La diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, explicó que como parte del trabajo de análisis sobre el tema del aborto se han llevado a cabo foros a nivel nacional, donde participaron más de mil 200 especialistas: médicos, jueces, magistrados, académicos y demás involucrados en la progresividad de los derechos de las mujeres.Notificó que se plantea la modificación de los artículos 329, 330, 331, 332 y la derogación del 333, 334 del Código Penal Federal; las adiciones de la Fracción V Bis del artículo 3, de un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, del Capítulo VI Bis y del artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer y garantizar los derechos sexuales, incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando las mujeres así lo soliciten.Entre las iniciativas que integran esta propuesta, existe una que plantea la autonomía reproductiva de las mujeres.

Representa un concepto que jamás se había tocado en la Constitución y que ahora se quiere tener.A partir de la frase autonomía reproductiva, “es como nosotras empezaremos a trabajar este concepto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, antes de llegar al Código Penal Único; queremos políticas públicas efectivas e iniciativas fundamentadas en los derechos humanos y en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales”, declaró González Castañeda.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga, recordó que hay entidades donde las sanciones por abortar van desde 15 días hasta seis años de prisión y multas de 20 a 300 Unidad de Medida y Actualización (UMA), trabajo en favor de la comunidad, diferentes formas de tratamiento médico o psicológico e, incluso, pena por reparación de daño.Ante ese panorama es que Porfirio Muñoz Ledo entre otros representantes populares, han presentado una serie de iniciativas orientadas a legislar sobre la materia, porque durante años no fue posible abordar el tema.

De los foros realizados en 22 ciudades de 20 estados de la República, emanó la iniciativa presentada y que, significa un trabajo de la ciudadanía, feministas y diversos legisladores para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; en este caso, a través del bien primario que se posee, como es el cuerpo, y en congruencia con el derecho a la libre autodeterminación.

ADM

Garantizar y proteger el derecho a decidir es un componente fundamental para avanzar hacia una política integral del Estado que abarque, desde una educación completa en sexualidad, hasta un cambio cultural e institucional que no criminalice a las mujeres por interrumpir su embarazo, ya sea sobre la decisión en el ejercicio de su libertad o por haber sido víctima de un delito sexual.

El anterior posicionamiento lo hizo la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann, quien consideró que esa transformación sólo será posible de la mano de los tres órdenes de gobierno, por lo que llamó a que cada uno, desde su trinchera, no frene el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.

“El Estado mexicano, como laico, tiene la obligación y compromiso para que estas garantías se ejerzan con libertad y sin discriminación”, dejó asentado.Según las estadísticas de interrupción legal del embarazo de la Ciudad de México, siete de cada diez mujeres que decidieron abortar tenían entre 18 a 29 años, un periodo de vida en la que se impulsa su vida académica y laboral.Por lo que hace a las niñas, las cifras son alarmantes.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2016 todos los días en el país 32 menores de edad se convirtieron en madres; es decir, 11 mil 808 niñas entre 10 y 14 años.A ello, Gasman Zylbermann, detalló que “como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos conforme lo indica la norma 046 violencia familiar, sexual y contra las mujeres y la Ley General de Víctimas”.

Celebró el avance histórico de Oaxaca, pero destacó que falta mucho más por avanzar, respecto de la armonización legislativa y generar políticas públicas que permitan servicios de calidad a fin de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, conforme con los más altos estándares internacionales en derechos humanos.

En su opinión, los diputados están frente a una oportunidad histórica, por lo que pidió tener la fuerza y convicción para garantizarles a las mujeres una vida digna con la posibilidad de decidir por su vida, cuerpo y sus derechos. “Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres la paridad y nosotras el derecho a decidir”.

Estimó que las modificaciones a la Ley General de Salud permitirán crear un marco jurídico idóneo, integral y progresivo con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que responda a las necesidades de las mujeres, pero sobre todo a su autonomía para tomar decisiones en cualquier momento de su vida.“Levantaremos la voz tantas veces como sea necesario hasta que se comprenda que las mujeres tienen derecho de no frenar sus sueños y proyectos a causa de un embarazo y una maternidad cuando ésta no sea deseada”, dijo.

En el recinto deliberativo de San Lázaro se presentó en días pasados, la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres.Al respecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara Baja, María Wendy Briceño Zuloaga, externó que el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo.

La representante popular de Morena aludió que “ahora que hay una mayoría responsable en el Congreso de la Unión”, no se puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que ellas sufren precariedad económica y tienen el poco acceso al sistema básico de salud.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 añas dijo haber estado embarazada. De ellas, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, pero en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo.

En su momento, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, acotó que 29 entidades federativas establecen, como causal de exclusión o no punibilidad, que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; en 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; en 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida. En dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara en definir que un aborto es peligroso cuando el embarazo es interrumpido por personas que carecen de la calificación necesaria o en instalaciones que no cumplen con las normas médicas mínimas.Recomienda que para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos los países deben implementar políticas propicias a fin de proporcionar el acceso a un aborto sin riesgo y legal.

La morenista Sánchez Galván notificó que, entre abril del 2007 y 19 de diciembre de 2018, se habían atendido en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México a 205 mil 353 mujeres para interrupción legal del embarazo, de las cuales 70 por ciento residían en la capital, 61 mil 755 correspondieron a mujeres procedentes de las 31 entidades federativas restantes.

Es un hecho que la interrupción voluntaria del embarazo en la nación responde a una demanda de mujeres de todas las edades, niveles educativos y condiciones socioeconómicas y que, el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personal calificado, tecnología recomendada, excelentes condiciones de higiene y óptimas garantías, seguridad y de acuerdo con las recomendaciones y evidencias internacionales.

Por ello, es necesario llevar a cabo reformas legales que den a todas las mujeres del país las mismas garantías de protección de sus derechos, para que los procedimientos sean llevados a cabo en las mismas condiciones legales y seguras. La opinión de la senadora de Morena Citlalli Hernández Mora, es que en esta lucha se necesita ser responsables e inteligentes a fin de avanzar en mejoras.

“Algo del aprendizaje que se ha dado es la capacidad de resistencia de las compañeras feministas que luchan dentro del parlamento y en la calle frente a una ola peligrosa, conservadora y violenta que intenta señalarnos de asesinas y tratan de manipular el verdadero sentido de la lucha”.

Dejó asentado que no hay ningún movimiento que luche tanto por la vida como el feminista; “no hay ningún movimiento transformador o radical que pueda trascender tanto en este momento como la lucha feminista, porque pone en el centro la discusión de un sistema económico político que no ha funcionado, porque ha excluido a los distintos sectores”.

La diputada de la bancada de Morena, Claudia Pérez Rodríguez, dio cuenta que con la iniciativa se busca eliminar los elementos que vulneran la protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres, toda vez que en la actualidad el Estado es quien “tutela nuestros cuerpos, a pesar de que nosotras debemos decidir sobre en qué momento se quiere ser madre”.

Manifestó que es primordial que ellas tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción.De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) una práctica nociva del Estado es ejercer control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y niñas.

En relación a ello, la legisladora señaló que se generó una discusión en 22 ciudades del país, donde los asistentes y participantes consideraron necesario garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres y que existan políticas públicas de la más alta calidad de salud contando con asesoramiento, acompañamiento y finalización de tratamientos en la interrupción del embarazo.Aludió que resulta importante analizar el hecho de que en México se registra un millón de interrupciones de embarazos, tema que calificó como un asunto de justicia social para eliminar la criminalización por parte del personal médico y persecución penal.

Representantes de diversas organizaciones civiles a favor del aborto se congratularon por esta iniciativa impulsada por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque busca garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y que exista una interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad.

La diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, explicó que como parte del trabajo de análisis sobre el tema del aborto se han llevado a cabo foros a nivel nacional, donde participaron más de mil 200 especialistas: médicos, jueces, magistrados, académicos y demás involucrados en la progresividad de los derechos de las mujeres.Notificó que se plantea la modificación de los artículos 329, 330, 331, 332 y la derogación del 333, 334 del Código Penal Federal; las adiciones de la Fracción V Bis del artículo 3, de un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, del Capítulo VI Bis y del artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer y garantizar los derechos sexuales, incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando las mujeres así lo soliciten.Entre las iniciativas que integran esta propuesta, existe una que plantea la autonomía reproductiva de las mujeres.

Representa un concepto que jamás se había tocado en la Constitución y que ahora se quiere tener.A partir de la frase autonomía reproductiva, “es como nosotras empezaremos a trabajar este concepto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, antes de llegar al Código Penal Único; queremos políticas públicas efectivas e iniciativas fundamentadas en los derechos humanos y en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales”, declaró González Castañeda.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga, recordó que hay entidades donde las sanciones por abortar van desde 15 días hasta seis años de prisión y multas de 20 a 300 Unidad de Medida y Actualización (UMA), trabajo en favor de la comunidad, diferentes formas de tratamiento médico o psicológico e, incluso, pena por reparación de daño.Ante ese panorama es que Porfirio Muñoz Ledo entre otros representantes populares, han presentado una serie de iniciativas orientadas a legislar sobre la materia, porque durante años no fue posible abordar el tema.

De los foros realizados en 22 ciudades de 20 estados de la República, emanó la iniciativa presentada y que, significa un trabajo de la ciudadanía, feministas y diversos legisladores para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; en este caso, a través del bien primario que se posee, como es el cuerpo, y en congruencia con el derecho a la libre autodeterminación.

ADM