Dejar de comprar automóviles para uso particular y enfocarse en ofrecer servicios públicos de transporte más eficientes, modernos, de calidad y a precios accesibles es fundamental para que México transite hacia un progreso sostenible acorde con los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), propuestos por la ONU y evite el fomento a gastos innecesarios, revela un estudio realizado por expertos de la Facultad de Economía de la UNAM.
Luis Fernando González Martínez considera que uno de los problemas, al menos de la Ciudad de México, es que se apuesta por incentivar el transporte privado y se deja de lado el público, pero se necesita aumentar la apuesta por lo contrario, es decir, sistemas como Trolebús o Cablebús que no generan emisiones contaminantes derivadas de la quema de gasolinas.
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Los investigadores Luis Miguel Galindo, Karina Caballero Güendulain y Luis Fernando González Martínez revisaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y encontraron que los servicios públicos (electricidad, agua residencial y transporte) representan aproximadamente 25 por ciento del desembolso total en los hogares, lo que limita el acceso a otros bienes y servicios, especialmente para los grupos con ingresos más bajos.
Según datos de la ONU, las personas deben destinar, máximo, 25 por ciento del gasto a electricidad, calefacción o agua, pero en México es 25.8, lo cual es elevado para la economía del país.
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Contrario a otros países, en México, al incrementar el ingreso asciende el número de automóviles, accidentes y, sobre todo, de gases de efecto invernadero, lo que va en contra de las políticas internacionales con metas a 2050.
Asimismo, indicaron en reciente edición del Journal Economic Literature que, si bien se habla de que las naciones deben reducir las emisiones contaminantes, antes de implementar políticas adecuadas se debe pensar a qué nivel de ingreso afectarán más a la población.
Estrategia de precios
En este sentido, detallaron que una estrategia de precios que reduzca los costos de la provisión de electricidad y transporte puede significar una aportación relevante al bienestar de la población y contribuir a la transición al desarrollo sostenible.
Por ejemplo, agregaron, si es posible reducir la inversión de las personas en transporte de 24.5 a 14.5 por ciento se ahorraría de 10 a 20 por ciento del gasto actual, lo que facilitaría el proceso de transición a una economía baja en carbono.
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Al aumentar el ingreso de las familias estas tienden a bajar el consumo en alimentos, pero se incrementa el uso de vehículos particulares, es decir, se pasa de lo público a lo privado; sin embargo, lo que debería suceder es que se siga con la utilización del transporte masivo, algo que sí ocurre en las naciones desarrolladas donde la calidad de este servicio público incentiva su empleo.
Destacaron que actualmente, del gasto total en los hogares, en transporte público representa 4.7 por ciento de los recursos para el decil 1, mientras que es solo 1 por ciento para el decil 10; por otra parte, el gasto en combustibles destinado a transporte pasa de 2.3 por ciento en el decil 1, a 7.9 por ciento de los ingresos para el decil 10.
Es decir, la proporción del gasto en combustibles se eleva conforme también lo hace el ingreso, lo que ilustra la importancia de contar con formas de movilidad basadas en un transporte público moderno y más eficiente.
Si bien se ha sugerido incrementar los impuestos a las gasolinas para desincentivar el transporte privado, señaló González Martínez, es necesario recordar que en este momento están subsidiadas por el Estado.
“Se busca una transición energética para cumplir las metas hacia 2030, 2050 y 2070, y una de las herramientas que podría ayudar es precisamente una disminución en el consumo de gasolinas.
La idea es que poner un impuesto a las gasolinas afectaría a quienes tienen más ingreso en lugar de quienes reciben un ingreso mediano, y tener políticas de subsidio para el transporte público”, puntualizó González Martínez.
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